Mostrando entradas con la etiqueta Política Nacional. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Política Nacional. Mostrar todas las entradas
miércoles, 20 de abril de 2011
lunes, 27 de diciembre de 2010
Exigimos la libertad de los detenidos del Partido Obrero
LIBERTAD y desprocesamiento A LOS COMPAÑEROS del PO, JORGE HOSPITAL Y OMAR MERINO
El gobierno nacional por medio del Juzgado Federal de Quilmes y de la Policía Federal detuvo en el día de ayer a Jorge Hospital y Omar Merino, ambos ferroviarios del ex ferrocarril Roca y militantes del Partido Obrero, bajo los cargos “extorsión” y “corte de vías”.
Desde Izquierda Socialista repudiamos estas detenciones, por tratarse de persecuciones políticas a trabajadores en lucha por los derechos de los tercerizados. Nuevamente se le cae la careta al gobierno nacional, ya que mientras habla de defender los derechos humanos ataca y persigue a los trabajadores que luchan por sus derechos. Es de destacar que este nuevo ataque del gobierno y su justicia se produce a dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras el principal responsable de este asesinato, José Pedraza sigue libre.
Desde Izquierda Socialista llamamos a la más amplia movilización para mañana martes a las 18 hs desde Callao y Corrientes para exigir la liberación inmediata y desprocesamiento de los compañeros ferroviarios, el cese inmediato de las persecuciones a todos los luchadores del Roca y que se concrete el pase a planta permanente de todo los tercerizados.
El gobierno nacional por medio del Juzgado Federal de Quilmes y de la Policía Federal detuvo en el día de ayer a Jorge Hospital y Omar Merino, ambos ferroviarios del ex ferrocarril Roca y militantes del Partido Obrero, bajo los cargos “extorsión” y “corte de vías”.
Desde Izquierda Socialista repudiamos estas detenciones, por tratarse de persecuciones políticas a trabajadores en lucha por los derechos de los tercerizados. Nuevamente se le cae la careta al gobierno nacional, ya que mientras habla de defender los derechos humanos ataca y persigue a los trabajadores que luchan por sus derechos. Es de destacar que este nuevo ataque del gobierno y su justicia se produce a dos meses del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras el principal responsable de este asesinato, José Pedraza sigue libre.
Desde Izquierda Socialista llamamos a la más amplia movilización para mañana martes a las 18 hs desde Callao y Corrientes para exigir la liberación inmediata y desprocesamiento de los compañeros ferroviarios, el cese inmediato de las persecuciones a todos los luchadores del Roca y que se concrete el pase a planta permanente de todo los tercerizados.
Izquierda Socialista
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Basta de racismo y xenofobia: soluciones habitacionales ya!!!
La culpa es de los gobiernos
No de los inmigrantes
Han aparecido argumentos xenófobos. Se quiere convencer a los trabajadores que los responsables de la miseria, la falta de vivienda, trabajo y la inseguridad y serían los inmigrantes de países limítrofes. Se busca así desviar la atención sobre los grandes negocios, los pagos de la deuda y la complicidad de los gobiernos.
Terminado el censo de ocupantes del Parque Indoamericano, los números son escalofriantes: más de 13.000 personas reclamando desesperadamente un lugar donde vivir. Mientras tanto, desde la represión realizada por la Policía Federal hasta los ataques perpetrados por barrabravas liderados por punteros macristas, ya se suma tres muertos y, horrorosamente, un “desaparecido”, visto por última vez cuando fue bajado de una ambulancia y presuntamente rematado a balazos delante de los médicos.
Durante más de dos días, existió una verdadera “zona liberada”, donde bandas “cazaban” a todo aquel con rasgos de extranjero. El gobierno de Cristina, además de responsable directo de las dos primeras muertes, se hace el que no tiene nada que ver frente a una miseria tal que creó un verdadero campo de refugiados a pocos kilómetros de la Casa Rosada. Macri, por su parte, fogonea la xenofobia, al echarle la culpa de todo a los inmigrantes de los países limítrofes.
Se empezó a escuchar entonces una verdadera ola de repugnantes argumentos racistas. Es imprescindible, entonces, que dialoguemos con todos los trabajadores que expresan dudas, bombardeados por los argumentos.
En realidad, en nuestro país hay menos inmigrantes que antes: en el Censo de 1960, el 13% era extranjero. Este número baja en 2001 al 4,2%. Como mucho, habría un millón y medio de inmigrantes en todo el país. Los insultos, especialmente a la comunidad boliviana, los trata de “vagos” y “delincuentes”. El argumento no se sostiene por ningún lado. La inmensa mayoría de los bolivianos que viven en la zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires, y dentro de ellos los muchos que están dentro de la toma del Parque Indoamericano, trabajan, y muchísimo: son superexplotados, por salarios de entre 700 y 800 pesos, en talleres textiles, muchos de ellos clandestinos.
También se los ha vinculado al narcotráfico. Nuevamente es falso: todos los especialistas en el tema insisten que el negocio narco no es la toma de tierras. La villa 20 de Soldati no es zona donde se haya establecido el negocio de la droga, como sí lamentablemente sucede en otras áreas de la ciudad. Tampoco se sostiene el argumento de que los extranjeros son delincuentes: tomando los datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, se observa que de 26.092 presos, sólo 58 son bolivianos. La mayor vinculación al delito viene del lado de los punteros políticos del PJ y el macrismo, articulados muchas veces con las propia comisarías de la zona.
Otro de los argumentos es que se le está quitando a los vecinos un “espacio público”, similar a los bosques de Palermo. Falso: el sector tomado era un basural. Cuando entraron los ocupantes tuvieron que desmalezarlo; se encontraron hasta cadáveres descuartizados y se cazan víboras entre los matorrales. Ni Macri ni los gobiernos anteriores se preocuparon nunca por la parquización. Los habitantes de Buenos Aires tienen derecho a espacios públicos, es cierto. Pero los principales “apropiadores de ese espacio” son los amigos de Macri: los clubes, la propia Sociedad Rural, los boliches de la costanera, todos en zonas de altísimo valor adquisitivo.
“Yo pago mis impuestos y la cuota de mi casa”, se escucha decir. Es cierto. Pero los que están en la toma han dicho una y mil veces que están dispuestos a pagar su casa en cuotas. Pero nunca tuvieron esa oportunidad. Muchos abonan hoy alquileres exorbitantes por una pieza en la misma Villa. Con respecto a “los impuestos”, en la Argentina todos los sectores populares, nacionales y extranjeros, sin excepción, pagamos el más injusto de los impuestos: el IVA. Los que no pagan son los millonarios, exentos del impuesto a la herencia, o a la renta financiera.
Lo que ha estallado, en la cara de los gobiernos, tanto de Cristina como de Macri, es la extrema pobreza que se quería hacer “como si no existiera”. En la que viven millones de compatriotas argentinos y, también, esforzados trabajadores inmigrantes, que llegaron buscando un futuro mejor para sus familias. De la misma forma que, hace un siglo atrás, vinieron y se hacinaron en tantos conventillos, millones de nuestros abuelos. Muchos de ellos también fueron tratados de “delincuentes”y “agitadores”.
Compañero lector: el culpable de que tengamos salarios de miseria, de que la salud y la educación estén destruidas, de la marginación y la inseguridad, no es este esforzado hermano inmigrante. Son los grandes capitalistas, con sus negociados, los banqueros que se llevan nuestra riqueza, el gobierno de Macri que gobierna para la ciudad de los millonarios, y el de Cristina, que destina la plata que tendría que poner para las necesidades más urgentes de nuestro pueblo a subsidios para sus empresarios amigos y el pago de la inmoral deuda externa.
Barrabravas: Al servicio de punteros y burócratas
La patota que mató a Mariano Ferreyra estaba compuesta por barrabravas de Racing y Defensa y Justicia. Antes habían estado oficiando de rompe-huelgas durante todo el conflicto de los tercerizados, atacando varias veces a los trabajadores en sus protestas.
Hace unos meses, también se vio la presencia de barras tratando de impedir en la Feria del Libro una presentación donde se denunciaba las manipulaciones y la patota del Indec.
Ahora volvieron a aparecer. Disfrazados de “vecinos” que se oponen a la toma del Indoamericano. Así fue identificado Julio Capella, barrabrava de Huracán, miembro del agrupamiento kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas, que en tal carácter viajó al mundial de Sudáfrica. Capella aparece disparando contra los ocupantes del predio. En los sucesivos ataques, muchos testigos afirman haber visto a sectores de los barras de Chicago y River entre las patotas que hostigan a la gente del Indoamericano.
El día lunes, cuando se produjo otra toma, en un predio pegado a Ciudad Oculta, otra vez irrumpió una patota, tratando de desalojarlos a la fuerza. Se pudo ver como dirigía el ataque, desde el interior de un automóvil, a otro connotado barrabrava de Nueva Chicago: Eduardo “Manzana” Santoro.
Todos estos patoteros a sueldo, verdaderas brigadas que ya utilizan abiertamente armas de fuego, son contratados por punteros políticos y burócratas sindicales. Tanto el PJ en sus variantes kirchnerista u “opositora”, como el macrismo, se apoyan en estas bandas para “manejar el territorio”, muchas veces articulándose con el control del delito, el narcotráfico y la prostitución.
Ayer fue Mariano Ferreyra. Ahora hay cuatro nuevas víctimas. En otros países de Latinoamérica, como Colombia y Venezuela, la contratación de patoteros a sueldo evolucionó hacia el sicariato, donde se asesina por encargo a líderes políticos y sindicales opositores. Tenemos que impedir que ello suceda en la Argentina. Por eso es fundamental la exigencia de juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estas muertes.
Con la plata que va para la deuda externa
¡Plan de viviendas ya!
Las ocupaciones hicieron visible lo que las estadísticas del Indec quieren ocultar: que el “modelo de distribución del ingreso” de Cristina mantiene a millones en la pobreza extrema. Todos los estudios ya coincidían que entre 25 y 30% de la población del país era pobre, y que la mitad orillaba la indigencia. Ahora toda esa gente está a la vista, reclamando lo más básico: un lugar digno para vivir.
En el Area Metropolitana Buenos Aires (Ciudad Autónoma más conurbano hay más de 12 millones. De ellos viven en villas de emergencia, según datos oficiales, 2 millones en el conurbano y 210.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Según un estudio de la Universidad de General Sarmiento, sólo entre 2001 y 2006 mientras la población del Area Metropolitana creció un 6,6%, la población en villas lo hizo casi un 60%. ¡10 veces más! Tomando todo el país, el 17% de la población vive en villas miseria.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, el déficit habitacional es de 600.000 viviendas. A la gente que vive en las villas, en hoteles que no reúnen las más mínimas condiciones, o hacinados en casas de familiares, se le ha sumado en el último tiempo un nuevo drama: aquellos que ni siquiera pueden pagar el alquiler de una pieza en uno de esos hoteles o en la villa. Y que terminan, entonces, en los núcleos “transitorios” que surgen y crecen día a día a los costados de las vías de los trenes, o debajo de las autopistas, que ya suman 30.000 personas. Y varios miles, cada vez más, viven directamente en la calle.
Mientras tanto, en medio de lo más crudo del conflicto, el Ministro de Economía Boudou viajó a discutir el pago de la deuda externa argentina con el Club de París. El gobierno de Cristina va a destinar entre 7.000 y 10.000 millones de dólares para los pulpos imperialistas. Si simplemente ese dinero se destinara a un plan de obras públicas que construya viviendas populares (a un costo de 25.000 dólares cada una, utilizando las innumerables tierras ociosas de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires), se podrían levantar entre 280.000 y 400.000 casas. Si a esto le sumamos lo presupuestado para el pago de intereses de la deuda (otros casi 7.000 millones), tendríamos la posibilidad de construir otras 280.000 viviendas.
Amigo lector, haga la cuenta. Dijimos más arriba que hay 2.210.000 personas viviendo en villas. Haciendo un cálculo conservador, cada núcleo familiar tiene 4 personas (y todos sabemos que en realidad muchas familias son más grandes, viviendo en el más absoluto hacinamiento). Simplemente dejando de pagar ¡un año! Los intereses de la deuda, y sumándole lo que ahora se le va a pagar al Club de París, estaríamos en condiciones de darle una vivienda a todos los habitantes de las villas de Capital y el Conurbano. El no pago definitivo de la deuda externa permitiría resolver en forma absoluta todo el déficit habitacional (incluyendo también a los sectores populares que, sin habitar en villas, alquilan, viven hacinados, en condiciones precarias o directamente en situación de calle). Es hora de terminar con la retórica, el doble discurso y el “pasarse la pelota” entre Macri y Cristina. La opción es clara: o viviendas o pagar la deuda.
lunes, 13 de diciembre de 2010
domingo, 12 de diciembre de 2010
Comparto este texto, que me llegó, unido por la bronca ante el racismo y la xenofobia
El Parque, las fronteras (y los fachos)11 hs
Elizabet le dijo al periodista, sin dejar de amamantar a su beba, que “si quiere le llevo a la tienda que vivo con mis hijos, para que vea. Siempre nos han discriminado, me han dicho bolita de mierda. Y ayer Juan me dijo: yo vuelvo al parque, Elizabet, quédate con los niños; dicen que van a volver a entrar, y yo quiero una casa para mis hijos. El quería sostener la bandera para que se vea mejor”. Y Juan volvió caminando rápido al Parque, donde estaban sus paisanos. Allá era uno más.
Uno más, de los miles de trabajadores bolivianos que se desloman ante la overlock para hacer camperas de renombradas marcas, esas que no van a poder comprar. De los miles que meten las manos hasta el vientre de la tierra para cosechar el ajo y las verduras que se comerán en mesas que no son las suyas. Uno más, de los miles que fabrican los ladrillos que formarán las casas que no podrán habitar. De los miles que suben los andamios una y cien veces, para levantar esas torres que te hacen parecer del primer mundo, Buenos Aires.
Buenos Aires, reina del plata, que no podés esconder los miles y miles de bolivianos, paraguayos, correntinos, santiagueños, porteños que duermen en tus calles, bajo tus puentes, amontonados en hoteles y villas, tan cerca de tus bacanales, de tus lujos.
Al lado de Elizabet, el-vecino-indignado-Jorge-de-Soldati se queja: “yo pertenecí a la barra de Chicago, y los que estamos detrás de los monoblocks somos todos hijos de policías y gendarmes, hay muchos comerciantes. Acá hay muchos argentinos con hambre, como para mantener gente que viene de otro lado”.
A Juan la bala le acertó en el pecho, ahí en el medio del Parque, para que suelte la bandera.
Dicen que la disparó un lumpen, un comerciante ‘asustado’, un vecino indignado. Uno que gritó ‘bolivianos de mierda’. Dicen que la disparó el jefe de gobierno desde una sala de prensa. Que la disparó un federal, un metropolitano, uno de civil. Que la disparó un secretario de la mujer del pañuelo blanco que se convirtió en desarrollador inmobiliario (y delator). Que la disparó el ministro de bigotes, duhaldista portador sano, el que estuvo cuando cayó Darío, cuando cayó Maxi, cuando cayeron Mariano, Roberto, Bernardo y Rosmery. Piqueteros, militantes, tobas, inmigrantes, no le hacen asco a nada.
O será que la dispararon todos, que lo gritaron todos, aunque unos estén “Haciendo Buenos Aires”, y otros “Distribuyendo la riqueza”.
Y Juan quedó desnudo, más pobre que nunca, más jodido que cuando cruzó la frontera porque la revolución del Evo no repartió el trabajo, ni las tierras, ni las minas.
Así se lo devolvieron a Elizabet, que ahora no tiene techo y tampoco tiene a Juan.
Y lejos del Parque los plumíferos de la prensa oficialista encontraron archivos ‘demoledores’, y las tapas del monopolio dieron su versión. Por miles buscaron confundir, dividir, ensuciar. Para que la patriotería prenda en miles que manejan las mismas overlocks, que cosechan las mismas tierras, y suben los mismos andamios, pero nacieron de este lado de la frontera.
Si la clase obrera argentina no siente en el pecho, ahí mismo donde le pegó a Juan, el golpe contra sus hermanos, está condenada. Si no abraza (aunque sea a lo lejos) a Elizabet y sus chicos, si no tensa el puño, si no putea, si no se la jura al nene bien de ojos azules que pide orden en la Ciudad, si no suelta las otras banderas (las inútiles) y dice ‘hermano’, está condenada.
Porque la presidenta coqueta y el ministro de bigotes criticarán al niño bien de ojos azules y dirán que en la Argentina del Bicentenario no habrá palos, pero que “la seguridad también es un derecho humano”. Y los jóvenes de la Cámpora no podrán apagar tanto fuego y dirán que sí, que hay que defender el modelo. Y algunos se la creerán.
Pero como dijeron los padres, los abuelos de Juan, cuando en el socavón de la mina de San León votaron a mano alzada las Tesis de Pulacayo, “solamente los traidores y los imbéciles pueden seguir sosteniendo que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por encima de las clases sociales y de decidir paternalmente la parte que corresponde a cada una de ellas”. Seguirán abundando las balas y faltando los techos.
Por eso, por Elizabet y nuestros hermanos, para vengar a Juan y levantar su bandera, haremos esa revolución que repartirá los techos y los panes, los libros y las flores, la que derribará todas las fronteras de la humanidad para derrotar la desdicha, el hambre, las cárceles, las guerras.
Ahora es cuando diremos, y no habrá Estado ni gendarmes (ni cantos de sirena) que puedan detenernos. Todos los parques serán nuestros, serán de todos.
21 hs
Télam. El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que el joven de 19 años que murió esta noche fue sacado por la fuerza por desconocidos cuando ya estaba en la ambulancia. Crescenti dijo que el joven estaba herido y que lo sacaron de la ambulancia y lo “remataron en el lugar”.
Los vecinos-indignados, los barras y los sin-gorra están cebados. “La seguridad es un derecho humano”, gritan desencajados. “Yo pago los impuestos” dicen. Se sienten como policías formoseños en medio de tobas, como patoteros de Pedraza entre tercerizados, en zona liberada.
La crónica de Juan ya parece vieja. No por las banderas, ni por el llamado a derribar las fronteras. A los fascistas no se los convence, se los combate.
http://eldiablosellama.wordpress.com/2010/12/11/el-parque-las-fronteras-y-los-fachos/
Elizabet le dijo al periodista, sin dejar de amamantar a su beba, que “si quiere le llevo a la tienda que vivo con mis hijos, para que vea. Siempre nos han discriminado, me han dicho bolita de mierda. Y ayer Juan me dijo: yo vuelvo al parque, Elizabet, quédate con los niños; dicen que van a volver a entrar, y yo quiero una casa para mis hijos. El quería sostener la bandera para que se vea mejor”. Y Juan volvió caminando rápido al Parque, donde estaban sus paisanos. Allá era uno más.
Uno más, de los miles de trabajadores bolivianos que se desloman ante la overlock para hacer camperas de renombradas marcas, esas que no van a poder comprar. De los miles que meten las manos hasta el vientre de la tierra para cosechar el ajo y las verduras que se comerán en mesas que no son las suyas. Uno más, de los miles que fabrican los ladrillos que formarán las casas que no podrán habitar. De los miles que suben los andamios una y cien veces, para levantar esas torres que te hacen parecer del primer mundo, Buenos Aires.
Buenos Aires, reina del plata, que no podés esconder los miles y miles de bolivianos, paraguayos, correntinos, santiagueños, porteños que duermen en tus calles, bajo tus puentes, amontonados en hoteles y villas, tan cerca de tus bacanales, de tus lujos.
Al lado de Elizabet, el-vecino-indignado-Jorge-de-Soldati se queja: “yo pertenecí a la barra de Chicago, y los que estamos detrás de los monoblocks somos todos hijos de policías y gendarmes, hay muchos comerciantes. Acá hay muchos argentinos con hambre, como para mantener gente que viene de otro lado”.
A Juan la bala le acertó en el pecho, ahí en el medio del Parque, para que suelte la bandera.
Dicen que la disparó un lumpen, un comerciante ‘asustado’, un vecino indignado. Uno que gritó ‘bolivianos de mierda’. Dicen que la disparó el jefe de gobierno desde una sala de prensa. Que la disparó un federal, un metropolitano, uno de civil. Que la disparó un secretario de la mujer del pañuelo blanco que se convirtió en desarrollador inmobiliario (y delator). Que la disparó el ministro de bigotes, duhaldista portador sano, el que estuvo cuando cayó Darío, cuando cayó Maxi, cuando cayeron Mariano, Roberto, Bernardo y Rosmery. Piqueteros, militantes, tobas, inmigrantes, no le hacen asco a nada.
O será que la dispararon todos, que lo gritaron todos, aunque unos estén “Haciendo Buenos Aires”, y otros “Distribuyendo la riqueza”.
Y Juan quedó desnudo, más pobre que nunca, más jodido que cuando cruzó la frontera porque la revolución del Evo no repartió el trabajo, ni las tierras, ni las minas.
Así se lo devolvieron a Elizabet, que ahora no tiene techo y tampoco tiene a Juan.
Y lejos del Parque los plumíferos de la prensa oficialista encontraron archivos ‘demoledores’, y las tapas del monopolio dieron su versión. Por miles buscaron confundir, dividir, ensuciar. Para que la patriotería prenda en miles que manejan las mismas overlocks, que cosechan las mismas tierras, y suben los mismos andamios, pero nacieron de este lado de la frontera.
Si la clase obrera argentina no siente en el pecho, ahí mismo donde le pegó a Juan, el golpe contra sus hermanos, está condenada. Si no abraza (aunque sea a lo lejos) a Elizabet y sus chicos, si no tensa el puño, si no putea, si no se la jura al nene bien de ojos azules que pide orden en la Ciudad, si no suelta las otras banderas (las inútiles) y dice ‘hermano’, está condenada.
Porque la presidenta coqueta y el ministro de bigotes criticarán al niño bien de ojos azules y dirán que en la Argentina del Bicentenario no habrá palos, pero que “la seguridad también es un derecho humano”. Y los jóvenes de la Cámpora no podrán apagar tanto fuego y dirán que sí, que hay que defender el modelo. Y algunos se la creerán.
Pero como dijeron los padres, los abuelos de Juan, cuando en el socavón de la mina de San León votaron a mano alzada las Tesis de Pulacayo, “solamente los traidores y los imbéciles pueden seguir sosteniendo que el Estado tiene la posibilidad de elevarse por encima de las clases sociales y de decidir paternalmente la parte que corresponde a cada una de ellas”. Seguirán abundando las balas y faltando los techos.
Por eso, por Elizabet y nuestros hermanos, para vengar a Juan y levantar su bandera, haremos esa revolución que repartirá los techos y los panes, los libros y las flores, la que derribará todas las fronteras de la humanidad para derrotar la desdicha, el hambre, las cárceles, las guerras.
Ahora es cuando diremos, y no habrá Estado ni gendarmes (ni cantos de sirena) que puedan detenernos. Todos los parques serán nuestros, serán de todos.
21 hs
Télam. El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que el joven de 19 años que murió esta noche fue sacado por la fuerza por desconocidos cuando ya estaba en la ambulancia. Crescenti dijo que el joven estaba herido y que lo sacaron de la ambulancia y lo “remataron en el lugar”.
Los vecinos-indignados, los barras y los sin-gorra están cebados. “La seguridad es un derecho humano”, gritan desencajados. “Yo pago los impuestos” dicen. Se sienten como policías formoseños en medio de tobas, como patoteros de Pedraza entre tercerizados, en zona liberada.
La crónica de Juan ya parece vieja. No por las banderas, ni por el llamado a derribar las fronteras. A los fascistas no se los convence, se los combate.
http://eldiablosellama.wordpress.com/2010/12/11/el-parque-las-fronteras-y-los-fachos/
sábado, 11 de diciembre de 2010
Basta de asesinatos y xenofobia: soluciones habitacionales!!
Asesinan a vecinos por reclamar vivienda digna
11-12-2010
Macri y Cristina son los responsables
Desde la represión del martes, efectuada conjuntamente por la Metropolitana de Macri y la Federal de Cristina, hasta el día de hoy, ya suman cuatro los asesinados por reclamar un lugar dónde vivir. Los dos primeros fueron víctimas de la represión del martes, y los dos últimos de ataques perpetrados por bandas de barrabravas, patovicas, matones de la burocracia sindical y miembros de fuerzas de seguridad de civil liderados por punteros macristas. Tanto el gobierno nacional (autodenominado “de los Derechos Humanos”), como el de la Ciudad, han creado una verdadera “zona liberada” donde se “caza” a toda persona que tenga rasgo de extranjero. El tercer asesinado apareció después de un ataque en el que se vio disparar a un conocido barra integrante de la kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas. El cuarto, horrorosamente, fue bajado de una ambulancia y rematado a balazos delante de los propios médicos. Las bandas de choque (a las que Macri llama “vecinos”) impidieron, incluso, que ingresen las ambulancias a recoger heridos y atacaron a los trabajadores de prensa para que no pudieran registrar la barbarie.
Increíblemente, Macri, quien dio vía libre a esta xenofobia al embestir públicamente contra los inmigrantes (en las villas también viven muchos argentinos), sigue diciendo que el único problema es “desocupar el parque cueste lo que cueste”, justificando el accionar de estas bandas asesinas. El gobierno nacional, además de responsable principal de la represión del martes, se hace el desentendido, avalando lo que está ocurriendo.
¿Qué hay detrás de todo esto? El grave problema habitacional que se agrava día a día. “Nos ilusionaron primero y nos asesinaron después”. Eso dijo un referente de la Villa 20, haciendo referencia a que les prometieron títulos de propiedad y luego, cuando los exigieron, les enviaron a la policía para matarlos. En la Ciudad de Buenos Aires 600 mil personas no tienen donde vivir. En Soldati las familias pagan $ 600 por una pieza. La ley 1.770 dispuso que el gobierno debía construir 1.600 viviendas en esa zona y Macri solo entregó este año 74 unidades habitacionales en total. ¡Una verdadera vergüenza! Mientras el jefe porteño dice que hay que defender el espacio público -las 130 hectáreas del Parque Indoamericano-, lo cierto es que lo ha transformado en un basural contaminante y lo está reservando para un gran negocio inmobiliario a favor de los ricos y las empresas constructoras amigas.
Macri y Cristina se acusan mutuamente, pero ninguno resuelve este grave problema. Ellos son los responsables de que los vecinos se enfrenten entre sí. Son ellos los que apadrinan a los punteros barriales que luego usan contra la gente que reclama justamente. Macri tilda a la gente que vive en las villas de narcotraficantes y dice que el problema es la inmigración de países limítrofes. Y los funcionarios de Cristina hablan de que los inmigrantes vienen a ayudar al “modelo de crecimiento” del país, mientras los deja librados a patronales superexplotadoras que los usan como mano de obra esclava en talleres clandestinos.
Llamamos a los trabajadores y al pueblo a no dejarse engañar: el problema no está en los hermanos de otros países que buscan honestamente en nuestro país un futuro para sus familias. El problema es que, en una ciudad donde bancos y multinacionales facturan fabulosas ganancias y el metro cuadrado de construcción vale millones, los más pobres (sean extranjeros o de acá) no tienen donde vivir. Culpa compartida entre el macrismo y el gobierno nacional.
Hace dos meses la patota de Pedraza asesinó a Mariano Ferreyra. Semanas atrás el gobernador kirchnerista de Formosa Gildo Insfran ordenó matar a aborígenes saliendo en defensa de terratenientes. Ahora Macri hace lo mismo en Soldati. Todos estos gobiernos patronales, sean kirchneristas u opositores, son lo mismo. Gobiernan para los de arriba con represión. Y Moyano y Yasky no han movido un dedo, siendo cómplices de lo que está ocurriendo.
Exigimos a Macri y a Cristina una inmediata solución habitacional a todos los habitantes precarios de Villa Soldati. Por la más amplia unidad y movilización entre vecinos -argentinos y de otros países- para que esto se cumpla inmediatamente. ¡Plata para viviendas, no para la deuda externa!
¡Basta de xenofobia!
¡Que paren ya mismo los ataques racistas!
¡Que la CGT y los dos sectores de la CTA llamen a una movilización como se hace en otros países cuando ocurren estos hechos!
¡Investigación, juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos y la represión!
11-12-2010
Izquierda Socialista
viernes, 10 de diciembre de 2010
miércoles, 8 de diciembre de 2010
Repudio a la represión de Cristina y Macri contra vecinos de Soldati
Comunicado de Prensa
Buenos Aires, 8 de diciembre de 2010
Las policías de Macri y Cristina asesinan a vecinos de Soldati
¡Por pedir un pedazo de tierra!
José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista, señaló: “El mismo día en que Mauricio Macri anunciaba el posible adelantamiento de las elecciones en Capital -especulando con su candidatura-, su policía Metropolitana y la Federal comandada por Cristina Kirchner asesinaban en Soldati a vecinos que reclamaban un pedazo de tierra para poder construir sus viviendas. En una ciudad donde los bancos y multinacionales facturan fabulosas ganancias y el metro cuadrado de construcción vale millones, los más pobres no tienen donde vivir. Culpa compartida con el gobierno nacional, -co-responsable de la represión-, que hace alarde de un modelo de “crecimiento” para los de arriba, mientras los trabajadores y el pueblo no tienen vivienda y viven con salarios y jubilaciones de pobreza”.
Castillo finalizó: “La patota de Pedraza asesinó a Mariano Ferreyra. El gobernador kirchnerista Gildo Insfran a aborígenes en Formosa. Y ahora Macri a vecinos de Soldati. Todos estos gobiernos patronales, sean kirchneristas u opositores, son lo mismo. Llamamos a la más amplia unidad para reclamar tierras y viviendas para los vecinos de Soldati, que se vaya la policía y juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de las muertes y semejante represión”.
domingo, 28 de noviembre de 2010
sábado, 27 de noviembre de 2010
miércoles, 24 de noviembre de 2010
Conferencia de prensa en el Congreso contra la Reforma Política: NO a la proscripción del gobierno a los partidos políticos
Comunicado de Prensa
NO a la proscripción del gobierno a los partidos políticos
Ingreso al Anexo de la Cámara de Diputados
Este miércoles 24 se realizará una Conferencia de Prensa para denunciar la proscripción del gobierno a los partidos políticos a través de la reforma política y el posterior Decreto 200472009 de Cristina Kirchner.
Participarán representantes de numerosos partidos políticos de orden nacional y de distrito, entre ellos José Castillo, dirigente nacional de Izquierda Socialista.
Virginia Fariña (apoderada de Izquierda Socialista) y José Castillo señalaron: “De mantenerse la reforma política del gobierno (que beneficia al bipartidismo), tanto la izquierda, como la centroizquierda y otros partidos legales no podríamos participar de las elecciones presidenciales del año que viene. Una clara medida antidemocrática y proscriptiva que exigimos se deje sin efecto”.
viernes, 19 de noviembre de 2010
A un mes del asesinato de Mariano Ferreyra
Marchamos por CARCEL A PEDRAZA
Viernes 19/11, 17 hs, de Estación Constitución a Pza. de Mayo
José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista quien encabezará la marcha de mañana, señaló: “Nos volvemos a movilizar para exigir cárcel para el burócrata asesino y millonario José Pedraza, autor intelectual del crimen de Mariano Ferreyra, quien aún no fue imputado. El castigo a la policía que liberó la zona para que actuara la patota. Y para terminar con el negocio de las tercerizadas, que este gobierno avala. Y el próximo martes 23 apoyaremos a los trabajadores del Roca pidiendo por el pase a planta permanente, de Constitución al ministerio de Trabajo, desde las 16 horas”.
Viernes 19/11, 17 hs, de Estación Constitución a Pza. de Mayo
José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista quien encabezará la marcha de mañana, señaló: “Nos volvemos a movilizar para exigir cárcel para el burócrata asesino y millonario José Pedraza, autor intelectual del crimen de Mariano Ferreyra, quien aún no fue imputado. El castigo a la policía que liberó la zona para que actuara la patota. Y para terminar con el negocio de las tercerizadas, que este gobierno avala. Y el próximo martes 23 apoyaremos a los trabajadores del Roca pidiendo por el pase a planta permanente, de Constitución al ministerio de Trabajo, desde las 16 horas”.
domingo, 30 de mayo de 2010
Documento del EDI sobre el Canje de la deuda externa
Los banqueros festejan. El país se endeuda
¿Se ha vuelto progresista pagar la deuda?
Consideraciones sobre el canje y sus implicancias
El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.
Una vez más
Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”, que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.
Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.
Solo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.
La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.
Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.
Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad solo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.
Una justificación innecesaria
El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.
Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.
Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”. Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.
La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.
Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.
Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.
Pretextos y fantasías
Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.
Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.
No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.
Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.
Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.
Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.
Pugnas políticas y coincidencias de fondo
El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.
Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.
La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.
Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.
Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.
Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.
Nuestra perspectiva
Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para general una real alternativa.
Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.
La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.
Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.
En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.
Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.
Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.
Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.
Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.
Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.
Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.
Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.
Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.
Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.
Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.
Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.
Buenos Aires, abril de 2010
EDI
ECONOMISTAS DE IZQUIERDA
Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo Lucita, Alberto Teszkiewicz, Jorge Sanmartino
Adhieren:
Guillermo Almeyra / Alejandro Olmos Gaona / Julio Gambina / Rodolfo Gómez / Horacio Camba / Alejandro Bercovich
¿Se ha vuelto progresista pagar la deuda?
Consideraciones sobre el canje y sus implicancias
El gobierno se dispone a concretar el canje con los bonistas que no aceptaron la oferta del 2005. La operación es celebrada por los financistas, elogiada por los oficialistas y aprobada por la oposición de derecha. Pero es una transacción gravosa para el país y adversa para los intereses populares. Reabre una negociación que estaba formalmente cerrada y prohibida. Carece de justificación y no se apoya en ningún dato creíble sobre el estado de las cuentas públicas.
Para quienes suscribimos esta declaración se trata de un canje nefasto.
Una vez más
Este canje es una nueva emisión de deuda para sustituir los viejos pasivos que se desvalorizaron con la cesación de pagos del 2001. Un recambio de títulos que ya se hizo en varias oportunidades para actualizar el endeudamiento. Sin embargo esta vez la operación es más siniestra, ya que se consuma con los bonistas que rehuyeron el canje del 2005 y que el gobierno prometió dejar afuera de cualquier cobro futuro. Ese anuncio fue incluso respaldado con la llamada “ley cerrojo”, que ahora el Parlamento derogó aceleradamente para reabrir la transacción, violando la sacrosanta custodia de la seguridad jurídica.
Este canje es otra vez un gran negocio para los bancos que preparan desde hace varios años un cambio de títulos que les reporte enormes ganancias de intermediación. Comenzaron a acaparar estos bonos cuando valían 8 centavos por dólar, apostando que alcanzarían la actual cotización de 45 centavos. Repitiendo lo ocurrido desde hace dos siglos, un grupo de lobbystas (Marcelo Etchebarne, Hans Joerg Rudlof y Caio Koch Wesser), recorrió los pasillos oficiales y preparó el canje con los funcionarios de turno. Si algún juez quisiera investigar las anomalías de la deuda argentina tendría todos los elementos de juicio a la vista para indagar las responsabilidades en este tipo de operaciones.
Solo tres bancos manejan el negocio (Citi, Deutsche y Barclays) y han liderado el acaparamiento de los bonos depreciados por el default y revalorizados por la oferta del gobierno. Las irregularidades son incontables. El Barclays ejerce un inadmisible rol de asesor del Estado y representante de los bonistas. Además, financia a la compañía británica Desire Petroleum, que explora el petróleo de Malvinas. Mientras se sancionan leyes para penalizar a las firmas que colaboran con esta depredación colonial, el Estado contrata a un artífice de ese vaciamiento.
La operación vuelve a seducir a los acreedores mediante concesiones oprobiosas. Para lograr un alto porcentaje de adhesión se ofrece un pago adicional por los intereses generados desde el intercambio anterior, premiando la deserción que supuestamente debía sancionarse. Está en discusión pero volverían a otorgarse los incentivos vinculados al crecimiento del PBI, hace cinco años se justificaron en la incertidumbre de una economía en ruinas, en la actualidad se recrean como un simple regalo.
Los primeros cálculos prevén que el canje le brindará a los acreedores que acapararon títulos un beneficio de 1000 millones de dólares. Esta cifra explica la euforia de los mercados, la apetencia por los bonos argentinos y la disminución del riesgo país. Todo indica, además, que las comisiones de los intermediarios serán más elevadas que en el 2005. Se argumenta que este lucro “no corre a cuenta del Estado, sino de los bonistas”, pero todo el intercambio de papeles se paga con fondos públicos, que finalmente incrementan la deuda pública.
Para ocultar este perjuicio el ministro de Economía se ha declarado vencedor frente a los fondos buitres (“los aislamos y les quitamos capacidad de litigio”), en realidad solo quedaron fuera del ring los especuladores marginales. Los principales buitres son los grandes bancos que acapararon títulos y que han sido bendecidos por el gobierno para comandar el negocio.
Una justificación innecesaria
El objetivo del canje es eliminar el obstáculo que impide un arreglo de los compromisos pendientes con el Club de París, a fin de alcanzar algún tipo de convivencia con el FMI. Esta sucesión de medidas es presentada como una “normalización” de la situación financiera internacional, que dejaría atrás la pesadilla del default. Al recorrer este sendero el gobierno culpabiliza al país por su pasado, ocultando que los financistas fueron los principales responsables de esos desastres. Como la consigna del momento es “volver al mercado internacional” se omite la responsabilidad primordial de los especuladores en la cesación de pagos.
Con un nuevo disfraz patriótico se retoma el lenguaje neoliberal, convocando a ser “creíbles y confiables”, es decir pagadores puntuales de compromisos que favorecen a los banqueros. Nuevamente se naturaliza el pago de deuda, olvidando que Argentina fue reiteradamente estafada por los grupos financieros. En este clima plantear no pagar o exigir la investigación de la deuda es considerado “demagógico” e “irrealista” y cumplir con los especuladores es sinónimo de seriedad. Nuevamente hay que estar atento a la “actitud de los mercados” y alegrarse si aprueban las iniciativas oficiales.
Pero lo más novedoso es que el pago de la deuda se ha transformado en un “proyecto progresista”. Tradicionalmente los gobiernos cumplían esta obligación en silencio y disimulando sus consecuencias para el país. Ahora se lo reivindica con grandilocuentes justificaciones. Se afirma que permite “recuperar autonomía”, cuando es evidente que el incremento de los compromisos externos genera dependencia. El mismo argumento fue utilizado para cancelar en forma total y anticipada los pasivos con el FMI. El desendeudamiento prometido con ese increíble pago se ha transformado ahora en el reinicio de un típico ciclo de endeudamiento.
La operación en curso es totalmente innecesaria, y los fondos que requiere la economía para una política económica de mejor distribución del ingreso pueden ser plenamente recaudados con ahorro interno. En EDI sostenemos que este autofinanciamiento es totalmente factible a condición de suspender los pagos actuales de la deuda, frenar la fuga de capitales, instaurar el control de cambios y un monopolio estatal de comercio exterior. Es cierto que el superávit fiscal se ha reducido drásticamente, pero se puede neutralizar este bache revisando también el otro gran rubro además de los servicios de la deuda: los subsidios a las grandes empresas, cuando se justifiquen no seguir pagándolos en base a declaraciones juradas de los beneficiarios.
Para nosotros es también el momento de cubrir las insuficiencias fiscales con una reforma impositiva progresiva que comience gravando las rentas extraordinarias exentas, especialmente en el plano financiero, y recaiga sobre quiénes mayor capacidad contributiva tienen. Esta punición debe extenderse de inmediato al área de la minería y el petróleo, mientras se duplican los aportes patronales de las grandes compañías.
Pero como lo confirma la reciente discusión sobre la ley del cheque, no pareciera existir la menor intención por parte de los partidos mayoritarios de enfocar el problema en estos términos. En lugar de impuestos a los ricos se vuelve al endeudamiento que tantas veces arruinó a la Argentina.
Pretextos y fantasías
Los partidarios del canje afirman que la situación de la deuda ha cambiado significativamente, aliviando la coyuntura de asfixia que predominaba en los años ‘80 y ‘90. Es un tema discutible, Pero, aún si así fuera, justamente este giro confirmaría hasta qué punto se habría vuelto innecesario volver al endeudamiento.
Es cierto que los pasivos totales del sector público pasaron de 139% del PBI (2003) a 49,1% (2009). La deuda era un 722% mayor que las reservas en esa fecha y en la actualidad se ha reducido al 120%. También se registró un achicamiento de los compromisos externos como porcentaje de las exportaciones de 296% (2003) a 81% (2009). Pero estos números, que los economistas del oficialismo esgrimen como grandes triunfos, deben ser matizados. Reflejan sí una reducción del endeudamiento con respecto al pico de crecimiento de la deuda. Sin embargo, los porcentajes con respecto al PBI son similares a los que existían en la segunda mitad de la década del ‘90, aún con las salvedades que deben hacerse sobre la composición diferente de los respectivos productos y su valuación. El aumento de la relación reservas / endeudamiento aleja el riesgo de default del horizonte inmediato, pero no lo elimina. El promedio de vida de la deuda se amplió, de 6,9 años a 12,7, pero lo que pesa en el corto plazo son los servicios de capital e intereses que vencen este año y los subsiguientes. Por otra parte, con posterioridad al canje de 2005, el ciclo de endeudamiento ha recomenzado.
No es ocioso recordar que estas modificaciones fueron el resultado de la brutal catástrofe producida por el colapso del 2001, que desvalorizó todos los activos y pasivos de la economía. La reducción de la deuda no fue un mérito del canje del 2005, ni de la astucia negociadora de Lavagna, fue costeada por mayorías populares. Los pasivos se contrajeron junto a la devaluación, la pesificación asimétrica, la expropiación de los pequeños depositantes, el desempleo y la miseria. Es necesario rememorar quién pagó esa reestructuración para evitar la repetición de un ciclo de endeudamiento.
Hay economistas que afirman que el país “no tiene dificultades de pago”, que mantiene un “perfil sostenible de la deuda”, que ésta “no obstaculiza ya el desenvolvimiento de la economía”. Pero si este diagnóstico fuera cierto, el canje carecería por completo de sentido. No habría ninguna razón para implementar una refinanciación tan prescindible. Otros afirman, en cambio, que el endeudamiento es indispensable, pero que esta vez “no será gravoso”. Al contrario, argumentan, permitirá reducir la tasa de interés que impera en toda la economía. Pero todos los cálculos indican que ese costo seguiría ubicado muy por encima del promedio internacional y entrañará por lo tanto fuertes erogaciones en los futuros vencimientos. La realidad es que la deuda, sus servicios anuales (hoy en el 10% del presupuesto nacional) y sus vencimientos futuros, sin llegar a plantear una situación explosiva inmediata como sucedió en el 2001 (nadie está pronosticando un default en el corto plazo), sigue siendo un problema y, año a año, miles de millones de dólares que podrían tener mejores destinos van a engrosar los bolsillos de los grandes especuladores.
Basta observar la dramática situación que afrontan actualmente las economías de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Islandia) para recordar cuán vulnerables son los países dependientes ante una eclosión financiera internacional. Argentina no está en el centro de este colapso porque ya soportó los brutales efectos del temblor precedente, pero reiniciar el ciclo de endeudamiento volverá a quitarle protección frente a un nuevo vendaval.
Suele afirmarse que el alto endeudamiento externo del pasado (76% en el 2003) ha quedado reemplazado por pasivos más controlables en moneda local (46% del total). Pero la historia reciente de muchos países (por ejemplo Brasil) indica que la sustitución de una tiranía financiera foránea por otra interior, no reduce los padecimientos populares. Un banquero local puede ser más despiadado que su colega externo.
Pugnas políticas y coincidencias de fondo
El canje se implementa al cabo de varios meses de intensas disputas entre el gobierno y la oposición que encarnan la UCR, el PJ disidente, el PRO y la CC. Ambos sectores coinciden en reiniciar el ciclo de endeudamiento pero han pugnado duramente por la forma de implementar esta operación y sobre todo por definir quién será la autoridad política encargada de liderar la reconciliación con los financistas.
Mientras disputaban ferozmente en el Parlamento y en los medios de comunicación, unos y otros bendijeron el entusiasmo de los mercados y sobre todo avalaron la auditoria que realizó la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) de toda la transacción.
La derecha aprueba plenamente el canje, pero propone combinar el endeudamiento externo con una reducción del gasto público, para poner en marcha una versión más tradicional del ajuste neoliberal. Con este objetivo provocó el conflicto del Banco Central que terminó perdiendo y desplegó durante meses una campaña para “cuidar las reservas”. Reservas que dilapidó en todas las ocasiones que le toco gobernar.
Con la siniestra bandera de “la autonomía del Banco Central”, defendió en los hechos el manejo de esa entidad por parte de los banqueros, buscando que este organismo continúe custodiado por un puñado de financistas y asegure las reservas como garantía de pago de la deuda. Por eso reivindicó una Carta Orgánica que le asegura al BCRA poderes propios y facultades superiores a cualquier otro organismo del Estado.
Repitiendo lo ocurrido con los principales conflictos de los últimos meses (ley de medios, revisión de las retenciones, reforma política, televisación del futbol,) el gobierno volvió a ganar esta disputa. Como esta pugna acaparó nuevamente la atención pública se ha perdido de vista la coincidencia central de los dos bandos en torno al canje.
Esta convergencia fue anticipada cuando avalaron el pago anticipado de la deuda al FMI mediante los ahora cuestionados decretos de necesidad y urgencia. En el año 2005 el ejecutivo utilizó estos mecanismos con la aprobación plena de adversarios, que siempre exceptúan al tema de la deuda de su custodia republicana de la Constitución.
Esta misma convergencia se ha verificado en torno al canje, refutando la impresión que en la Argentina “volvió el debate político”. Es completamente falso que se a retomado el debate sustancial en desmedro de la chicana y los fuegos de artificio. Justamente lo ocurrido ilustra cómo las controversias sobre las formas ocultan el contenido. Ambos bandos se desangran por imponer su política de pago de la deuda, sin cuestionar en ningún momento la legitimidad de esta erogación.
Nuestra perspectiva
Los cambios operados en las últimas décadas en la composición de la deuda pública (interna y externa) y en los tenedores de bonos (intraestatal, privados) han complejizado la respuesta. Es esa complejidad la que impone actualizar y renovar nuestras propuestas programáticas para general una real alternativa.
Desde nuestra perspectiva un primer paso para la construcción de un programa alternativo pasa por la inmediata suspensión unilateral de los pagos.
La deuda ya no está, como en los ´80, directamente nominada y fácilmente observable en manos de un puñado de bancos. Por el contrario se encuentra dispersa en una gran variedad de bonos en manos de diferentes acreedores. Distintos trabajos difieren sobre el grado de concentración de esos bonos. Pero el sólo hecho de que los tres bancos a cargo del canje puedan “asegurar” con facilidad porcentajes de aceptación del 75% o más reflejan que una importante cantidad ya no está en manos de los tenedores originales sino de quien los ha adquirido fuertemente desvalorizados en alguno de los distintos momentos de la crisis post-2001. A esos grandes bancos y fondos buitre es a donde apunta la suspensión que proponemos.
Reconocemos que en el caso de bonos cuyos tenedores resulten jubilados, ex combatientes, víctimas del Terrorismo de Estado o pequeños ahorristas, corresponderá reconocer y pagar esos compromisos. Proponemos entonces un censo y las verificaciones necesarias a tales efectos.
En nuestra consideración merece un análisis particular la deuda interestatal, particularmente la del ANSES, pero también la de otros organismos públicos y las provincias. Se deberá entonces resolver qué se hace con los bonos y letras en poder de esos organismos, pero es prioritario evitar una descapitalización del ANSES. En este sentido nuestra propuesta implica también que los fondos de la seguridad social dejen de ser la principal fuente de financiamiento del pago de los servicios de la deuda.
Respecto de la deuda comercial en curso (pago a proveedores, compromisos de obra pública, etc.), proponemos una inmediata auditoria para distinguir deuda propiamente comercial de la financiera y separar los fraudes de los contratos en regla.
Un segundo paso es la investigación. Esta investigación resulta necesaria para recrear la memoria histórica de lo sucedido en el país durante los trágicos años de la dictadura. Tiene una relevancia complementaria de los juicios a los genocidas, servirá para clarificar el sentido de los crímenes cometidos por los militares, pues pondrá de relieve la complicidad y asociación que tuvieron los banqueros y grandes empresarios con esos crímenes.
Asimismo permitiría volver a poner a la luz concretamente cómo fueron obligadas las empresas públicas a endeudarse para financiar la fuga de capitales y quienes fueron los beneficiaros de la estatización de la deuda. Para nosotros se hace necesario retomar y profundizar la investigación de Alejandro Olmos, que obtuvo el fallo del Juez Ballesteros en el año 2000. La Presidenta afirmó que no se puede volver sobre este tema porque con los varios canjes se perdieron las huellas de la culpabilidad. Pero siguiendo este argumento habría que cerrar los juicios a los represores, dónde también han quedado muy ocultas las pruebas y testigos. En realidad la investigación de la deuda es tan imprescriptible como la de los crímenes de dictadura, porque ambos procesos obedecieron a las mismas razones.
Gobierno y oposición derechista comparten el rechazo a esta investigación porque las responsabilidades más importantes son contemporáneas y afectan a los gobiernos constitucionales. Reabrir esta causa sería un acto de acusación contra la UCR y el PJ que la corporación política quiere ocultar, puesto que demostraría la complicidad de funcionarios actuales y jefes de oposición con esa estafa.
Las principales irregularidades abarcan a los años ‘90 (Plan Baker, capitalización de la deuda para privatizaciones) y al Megacanje y Blindaje del 2001, como también sentenció Ballesteros en el 2007, en otro fallo que embargó a Domingo Cavallo y a Daniel Marx. Por un elemental principio de orden jurídico el gobierno debiera abstenerse de nuevas operaciones de canje, hasta tanto la justicia no se expida sobre la legalidad de las tres causas radicadas en el Juzgado Federal nº2.
Es necesario recordar que el 80% del incremento de la deuda entre 1994 y 2001 y el 75% del déficit fiscal de ese período es resultado de la privatización de los aportes jubilatorios, que compromete todo ese periodo.
Para evitar esta indagación existen varios proyectos del oficialismo y la derecha para poner en marcha alguna investigación parlamentaria sólo del pasado dictatorial. En otros casos se busca simplemente resucitar el cajoneo con comisiones que no llegan a ninguna lado y sobre todo se intenta evitar cualquier reflexión sobre el presente. Por el contrario para nosotros investigar hoy es auditar el comportamiento de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rua, Duhalde y también Kirchner. Es investigar el canje de Lavagna del 2005 y también el actual. Cualquier otra propuesta de investigación es un acto de cinismo.
Lo que importa de la deuda no es sólo una cifra y un conjunto de anomalías, sino también el enjambre de intereses capitalistas que continúa lucrando con el esfuerza de las mayorías populares. Es por eso también absurdo separar el “aspecto jurídico” de la deuda (que debería indagar alguna comisión de abogados) del “aspecto económico” del canje (que debe continuar avanzando en manos de los banqueros). Con este tipo de dualidades se vacía el contenido político de la investigación, convirtiéndola en una preocupación arqueológica.
Nuestra propuesta implica constituir una Comisión Investigadora con plenos poderes, integrada por personalidades del país y del exterior de intachable trayectoria y organizaciones populares (políticas, sindicales, de derechos humanos). Con plazo definido para entregar y hacer públicas sus conclusiones.
Pero todos estos planteos deben articularse con iniciativas de mayor importancia en otros campos. Es clave el debate sobre iniciativas complementarias como el uso de las reservas. Quienes integramos EDI sostenemos que las reservas pueden y deben utilizarse, pero para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, financiando proyectos que impacten en el desarrollo nacional, priorizando la generación de puestos de trabajo.
Para nosotros es decisivo avanzar en la reforma financiera, nacionalización de la banca y en la relocalización de las reservas, depositadas en Nueva York a favor de la gestación de un banco regional y un fondo de estabilización soberano de América Latina.
Son todos los debates que abre el rechazo del canje. Este es hoy la divisoria de aguas entre una ruptura popular o la recreación de la pesadilla de la deuda.
Buenos Aires, abril de 2010
EDI
ECONOMISTAS DE IZQUIERDA
Claudio Katz, Guillermo Gigliani, José Castillo, Jorge Marchini, Eduardo Lucita, Alberto Teszkiewicz, Jorge Sanmartino
Adhieren:
Guillermo Almeyra / Alejandro Olmos Gaona / Julio Gambina / Rodolfo Gómez / Horacio Camba / Alejandro Bercovich
El canje es un robo
21 de abril de 2010
Deuda Externa
El ministro Boudou anunció el nuevo canje. Se acaba el verso del desendeudamiento: la deuda crecerá, por lo menos, en 10.000 millones de dólares. Para los banqueros significa una ganancia espectacular de más del 100%. El próximo capítulo será pagarle al Club de París
Domingo Cavallo estatizó la deuda privada durante la dictadura. Luego fue ministro de Economía de Menem y de De La Rúa. Hoy los Kirchner siguen pagando esa deuda originada por los genocidas y sus cómplices civiles. Por eso hay que dejar de pagarla.
El jueves 15, después de varios “amagues”, el gobierno finalmente anunció la reapertura del canje de deuda. Antes de entrar a analizar los dichos del ministro Boudou, tenemos que precisar el hecho de este canje en sí mismo: se trata de pagarle a los bonistas (llamados “holdouts”) que no habían aceptado el canje de 2005. En ese momento, el gobierno de Kirchner dijo que “nunca más” se reabriría la propuesta, y que esa porción de deuda -que sumaba 29.000 millones de dólares- no pertenecía más a la deuda externa argentina. Para demostrar esa aseveración, ese monto dejó de aparecer dentro de los “números oficiales” de la deuda pública de nuestro país. Incluso, se votó la “ley cerrojo”, que decía explícitamente que quedaba prohibido reabrir el canje. Así el gobierno mostraba que la deuda externa “bajaba”, o sea, en sus propias palabras, que nos estábamos desendeudando.
Meses después, Kirchner canceló 9.800 millones de dólares por adelantado al FMI. A partir de ahí, se dijo que ya nunca más aceptaríamos presiones del Fondo. Toda era una vulgar mentira. Parte del doble discurso al que nos tienen acostumbrados los Kirchner. El FMI, del que supuestamente nos habíamos liberado, empezó a presionar para que se reabriera el canje con los holdouts, eso que supuestamente nunca más sucedería.
Y se reabrió
Nuestros lectores se preguntarán: ¿pero acaso no había una ley que decía que estaba prohibido reabrir el canje? Exactamente. Pero para eso está la oposición de los radicales, Carrió, De Narváez, el PJ disidente y Macri: mucha “pose opositora”, pero cuando se trata de pagar la deuda son los primeros en alinearse con los Kirchner. Así, el pasado noviembre, todos juntos votaron derogar la ley cerrojo y habilitaron la reapertura del canje.
Este se venía planificando desde hace tiempo. Innumerables veces denunciamos que funcionarios de Economía y el Banco Central recorrían el mundo ofreciendo la reapertura. Finalmente, contaron con tres bancos que le facilitaron la operación: Barclays, Citi y Deutsche. Ellos le garantizaban al gobierno un alto nivel de aceptación: entre el 70 y el 80% de los bonistas. ¿Cómo sabían? Muy fácil: ellos mismos, o fondos de inversión amigos, se habían encargado de ir comprando esos bonos, al 15 o a lo sumo 20% de su valor original.
Ahora Boudou ofrece a esos “tenedores de bonos” canjearlos por otros, “nuevos”, con una quita del 66,3%. Pero, en realidad, al ofrecerles además otro bono por los intereses de todos estos años, lo que se canjea es con una quita del 50%. Pero a no equivocarse: como los especuladores compraron los bonos al 20%, la ganancia limpia que le quedará a cada uno es de más del 100% en dólares, un beneficio que no se obtiene con ninguna otra inversión en el mundo.
¿Habrá más crédito?
El gobierno nos dice que esta operación permitirá que “volvamos a tener crédito”. Traducido, quiere decir que grandes empresas como IRSA, el Banco Galicia o Techint podrán volver a salir a endeudarse en el exterior. O, a lo sumo, que las provincias (como es el caso de Buenos Aires, Córdoba o Chubut) colocarán algún bono en el mundo para, a la vez, refinanciar “su” deuda externa, que también seguirá agrandándose. Lo que seguro no habrá serán menores tasas de interés o créditos hipotecarios para los trabajadores, que seguirán viendo como una utopía llegar a la casa propia.
El balance del canje es que la deuda aumentará, dependiendo del porcentaje de aceptación, en alrededor de 10.000 millones de dólares. Otros 5.000 quedarán como “acreedores que nuevamente no entraran en el canje”. Después de las mentiras de todos estos años, ¿alguien puede afirmar que no se abra un nuevo canje en dos o tres años para pagarles? Y por si esto fuera poco, queda la respuesta de Boudou a una periodista del Financial Times cuando le preguntó por el Club de París. “Paso a paso”, dijo el mnistro. Clarísimo: al día siguiente ya se empezó a afirmar que el próximo “paso” será justamente cancelar la deuda con el Club de París. Síntesis: seguimos pagando, y la deuda continúa creciendo, dándole un rotundo mentís a cualquier verso de desendeudamiento. Una vez más, se impone dejar de pagar volcar todos estos recursos para un plan económico de emergencia, que dé trabajo, salud, educación y vivienda, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.
Deuda Externa
El ministro Boudou anunció el nuevo canje. Se acaba el verso del desendeudamiento: la deuda crecerá, por lo menos, en 10.000 millones de dólares. Para los banqueros significa una ganancia espectacular de más del 100%. El próximo capítulo será pagarle al Club de París
Domingo Cavallo estatizó la deuda privada durante la dictadura. Luego fue ministro de Economía de Menem y de De La Rúa. Hoy los Kirchner siguen pagando esa deuda originada por los genocidas y sus cómplices civiles. Por eso hay que dejar de pagarla.
El jueves 15, después de varios “amagues”, el gobierno finalmente anunció la reapertura del canje de deuda. Antes de entrar a analizar los dichos del ministro Boudou, tenemos que precisar el hecho de este canje en sí mismo: se trata de pagarle a los bonistas (llamados “holdouts”) que no habían aceptado el canje de 2005. En ese momento, el gobierno de Kirchner dijo que “nunca más” se reabriría la propuesta, y que esa porción de deuda -que sumaba 29.000 millones de dólares- no pertenecía más a la deuda externa argentina. Para demostrar esa aseveración, ese monto dejó de aparecer dentro de los “números oficiales” de la deuda pública de nuestro país. Incluso, se votó la “ley cerrojo”, que decía explícitamente que quedaba prohibido reabrir el canje. Así el gobierno mostraba que la deuda externa “bajaba”, o sea, en sus propias palabras, que nos estábamos desendeudando.
Meses después, Kirchner canceló 9.800 millones de dólares por adelantado al FMI. A partir de ahí, se dijo que ya nunca más aceptaríamos presiones del Fondo. Toda era una vulgar mentira. Parte del doble discurso al que nos tienen acostumbrados los Kirchner. El FMI, del que supuestamente nos habíamos liberado, empezó a presionar para que se reabriera el canje con los holdouts, eso que supuestamente nunca más sucedería.
Y se reabrió
Nuestros lectores se preguntarán: ¿pero acaso no había una ley que decía que estaba prohibido reabrir el canje? Exactamente. Pero para eso está la oposición de los radicales, Carrió, De Narváez, el PJ disidente y Macri: mucha “pose opositora”, pero cuando se trata de pagar la deuda son los primeros en alinearse con los Kirchner. Así, el pasado noviembre, todos juntos votaron derogar la ley cerrojo y habilitaron la reapertura del canje.
Este se venía planificando desde hace tiempo. Innumerables veces denunciamos que funcionarios de Economía y el Banco Central recorrían el mundo ofreciendo la reapertura. Finalmente, contaron con tres bancos que le facilitaron la operación: Barclays, Citi y Deutsche. Ellos le garantizaban al gobierno un alto nivel de aceptación: entre el 70 y el 80% de los bonistas. ¿Cómo sabían? Muy fácil: ellos mismos, o fondos de inversión amigos, se habían encargado de ir comprando esos bonos, al 15 o a lo sumo 20% de su valor original.
Ahora Boudou ofrece a esos “tenedores de bonos” canjearlos por otros, “nuevos”, con una quita del 66,3%. Pero, en realidad, al ofrecerles además otro bono por los intereses de todos estos años, lo que se canjea es con una quita del 50%. Pero a no equivocarse: como los especuladores compraron los bonos al 20%, la ganancia limpia que le quedará a cada uno es de más del 100% en dólares, un beneficio que no se obtiene con ninguna otra inversión en el mundo.
¿Habrá más crédito?
El gobierno nos dice que esta operación permitirá que “volvamos a tener crédito”. Traducido, quiere decir que grandes empresas como IRSA, el Banco Galicia o Techint podrán volver a salir a endeudarse en el exterior. O, a lo sumo, que las provincias (como es el caso de Buenos Aires, Córdoba o Chubut) colocarán algún bono en el mundo para, a la vez, refinanciar “su” deuda externa, que también seguirá agrandándose. Lo que seguro no habrá serán menores tasas de interés o créditos hipotecarios para los trabajadores, que seguirán viendo como una utopía llegar a la casa propia.
El balance del canje es que la deuda aumentará, dependiendo del porcentaje de aceptación, en alrededor de 10.000 millones de dólares. Otros 5.000 quedarán como “acreedores que nuevamente no entraran en el canje”. Después de las mentiras de todos estos años, ¿alguien puede afirmar que no se abra un nuevo canje en dos o tres años para pagarles? Y por si esto fuera poco, queda la respuesta de Boudou a una periodista del Financial Times cuando le preguntó por el Club de París. “Paso a paso”, dijo el mnistro. Clarísimo: al día siguiente ya se empezó a afirmar que el próximo “paso” será justamente cancelar la deuda con el Club de París. Síntesis: seguimos pagando, y la deuda continúa creciendo, dándole un rotundo mentís a cualquier verso de desendeudamiento. Una vez más, se impone dejar de pagar volcar todos estos recursos para un plan económico de emergencia, que dé trabajo, salud, educación y vivienda, al servicio de la clase trabajadora y el pueblo.
Saqueo petrolero en Malvinas
25 de marzo de 2010
¡Basta de que los ingleses nos roben el petróleo!
Gran Bretaña inició exploraciones para quedarse con el petróleo en el Mar Argentino. Cristina le otorga al Barclays, uno de los dueños de la empresa exploradora, el control del canje de la deuda externa. ¿Qué hacer frente a la usurpación y el saqueo?
El gobierno inglés ha dado un nuevo paso en su ya larga lista de atropellos posteriores a la guerra de 1982. Ahora ha decidido unilateralmente iniciar acciones de exploración de petróleo en el Mar Argentino, a unas 150 millas al norte de Malvinas, por medio de la empresa Desire Petroleum (uno de cuyos principales accionistas es el Banco Barclays), a través de la plataforma petrolera Ocean Guardian.
Es una muestra más del fracaso de la llamada política de “desmalvinización”, que llevaron adelante todos los gobiernos argentinos desde 1982. Intentaron “normalizar” lo antes posible las relaciones con Gran Bretaña, “congelando” el reclamo, haciendo “como si” la usurpación de Malvinas no existiera.
Mientras tanto, los ingleses siguieron avanzando. Ya en 1982, al finalizar la guerra, el Reino Unido había fijado una “zona de exclusión” de 200 millas. En 1987, unilateralmente establece una zona de 150 millas de explotación pesquera exclusiva, adjudicándose de hecho 214.000 kilómetros cuadrados. En 1991, después incluso de los llamados “acuerdos de Madrid” -máxima entrega de Menem a los ingleses, donde hasta deja “en suspenso” el tema soberanía-, Gran Bretaña vuelve a avanzar unilateralmente, declarando una virtual soberanía sobre las 200 millas de lecho y subsuelo submarino alrededor de Malvinas, sumando a su control 438.000 kilómetros cuadrados. Y en 1993, se adjudica las 200 millas alrededor de las Georgias y Sandwich del Sur, agrandando su “zona exclusiva” a 1.200.000 kilómetros cuadrados. Con este “antecedente”, se posiciona para reclamar dos millones de kilómetros cuadrados más en la Antártida Argentina.
La “pampa sumergida”
Dimensionemos estos números. Todo el territorio argentino alcanza 2.800.000 kilómetros cuadrados. Nuestra plataforma continental del Mar Argentino ocupa 1.500.000 kilómetros cuadrados y la Antártida Argentina otro millón. Por lo tanto, lo que está en juego no es sólo el territorio de las islas, sino una superficie casi similar a toda la Argentina continental.
El interés británico en esta área puede resumirse en dos cuestiones. La geopolítica: se trata del control imperalista sobre el Atlántico Sur. Gran Bretaña ha instalado la base militar de Mount Pleasant en Malvinas, como parte del dispositivo militar de la Otan, que se articula con el despliegue de la IV Flota de los Estados Unidos, aliado estratégico de los ingleses.
El otro interés es el económico. A la conocida riqueza pesquera de la región, que ya está siendo saqueada, se le suma la casi certeza de inmensas reservas petroleras, estimada en 60.000 millones de barriles de petróleo (30 veces nuestra deuda externa).
Ante semejante conflicto, el gobierno de Cristina no hace nada. O peor que nada. No sólo no ha denunciado y roto los acuerdos de Madrid firmados por Menem (que, como vimos, son burlados sistemáticamente por los ingleses). Tampoco ha denunciado el tratado de Lisboa de la Unión Europea, que incorpora a las Malvinas como territorio extracontinental europeo. Lo peor es que, mientras “protesta” formalmente, sigue ofreciéndoles negocios a las empresas británicas, incluso a las directamente involucradas en el saqueo de nuestro petróleo en Malvinas. Tal el caso del Barclays, que ha sido designado por el ministro Boudou como uno de los bancos encargados del nuevo canje de deuda.
Hay que hacer lo contrario. Romper los acuerdos entreguistas firmados por Menem, denunciar en todos los foros la agresión británica, hacer un escándalo diplomático internacional, reclamar la solidaridad de todos los países del Tercer Mundo. Y, por sobre todo, usar la única herramienta que hoy efectivamente les dolería: atacar sus intereses económicos, confiscando sus empresas (ver recuadro).
A 28 años de la guerra, el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas va mostrando su real dimensión. No sólo se trata de la justa devolución de un territorio usurpado. Hablamos de la riqueza de futuras generaciones de nuestro pueblo. Está en juego la mismísima existencia de soberanía sobre la totalidad del Mar Argentino. Es una tarea antiimperialista pendiente que, en el año del Bicentenario, la debemos asumir como tal.
¡Basta de que los ingleses nos roben el petróleo!
Gran Bretaña inició exploraciones para quedarse con el petróleo en el Mar Argentino. Cristina le otorga al Barclays, uno de los dueños de la empresa exploradora, el control del canje de la deuda externa. ¿Qué hacer frente a la usurpación y el saqueo?
El gobierno inglés ha dado un nuevo paso en su ya larga lista de atropellos posteriores a la guerra de 1982. Ahora ha decidido unilateralmente iniciar acciones de exploración de petróleo en el Mar Argentino, a unas 150 millas al norte de Malvinas, por medio de la empresa Desire Petroleum (uno de cuyos principales accionistas es el Banco Barclays), a través de la plataforma petrolera Ocean Guardian.
Es una muestra más del fracaso de la llamada política de “desmalvinización”, que llevaron adelante todos los gobiernos argentinos desde 1982. Intentaron “normalizar” lo antes posible las relaciones con Gran Bretaña, “congelando” el reclamo, haciendo “como si” la usurpación de Malvinas no existiera.
Mientras tanto, los ingleses siguieron avanzando. Ya en 1982, al finalizar la guerra, el Reino Unido había fijado una “zona de exclusión” de 200 millas. En 1987, unilateralmente establece una zona de 150 millas de explotación pesquera exclusiva, adjudicándose de hecho 214.000 kilómetros cuadrados. En 1991, después incluso de los llamados “acuerdos de Madrid” -máxima entrega de Menem a los ingleses, donde hasta deja “en suspenso” el tema soberanía-, Gran Bretaña vuelve a avanzar unilateralmente, declarando una virtual soberanía sobre las 200 millas de lecho y subsuelo submarino alrededor de Malvinas, sumando a su control 438.000 kilómetros cuadrados. Y en 1993, se adjudica las 200 millas alrededor de las Georgias y Sandwich del Sur, agrandando su “zona exclusiva” a 1.200.000 kilómetros cuadrados. Con este “antecedente”, se posiciona para reclamar dos millones de kilómetros cuadrados más en la Antártida Argentina.
La “pampa sumergida”
Dimensionemos estos números. Todo el territorio argentino alcanza 2.800.000 kilómetros cuadrados. Nuestra plataforma continental del Mar Argentino ocupa 1.500.000 kilómetros cuadrados y la Antártida Argentina otro millón. Por lo tanto, lo que está en juego no es sólo el territorio de las islas, sino una superficie casi similar a toda la Argentina continental.
El interés británico en esta área puede resumirse en dos cuestiones. La geopolítica: se trata del control imperalista sobre el Atlántico Sur. Gran Bretaña ha instalado la base militar de Mount Pleasant en Malvinas, como parte del dispositivo militar de la Otan, que se articula con el despliegue de la IV Flota de los Estados Unidos, aliado estratégico de los ingleses.
El otro interés es el económico. A la conocida riqueza pesquera de la región, que ya está siendo saqueada, se le suma la casi certeza de inmensas reservas petroleras, estimada en 60.000 millones de barriles de petróleo (30 veces nuestra deuda externa).
Ante semejante conflicto, el gobierno de Cristina no hace nada. O peor que nada. No sólo no ha denunciado y roto los acuerdos de Madrid firmados por Menem (que, como vimos, son burlados sistemáticamente por los ingleses). Tampoco ha denunciado el tratado de Lisboa de la Unión Europea, que incorpora a las Malvinas como territorio extracontinental europeo. Lo peor es que, mientras “protesta” formalmente, sigue ofreciéndoles negocios a las empresas británicas, incluso a las directamente involucradas en el saqueo de nuestro petróleo en Malvinas. Tal el caso del Barclays, que ha sido designado por el ministro Boudou como uno de los bancos encargados del nuevo canje de deuda.
Hay que hacer lo contrario. Romper los acuerdos entreguistas firmados por Menem, denunciar en todos los foros la agresión británica, hacer un escándalo diplomático internacional, reclamar la solidaridad de todos los países del Tercer Mundo. Y, por sobre todo, usar la única herramienta que hoy efectivamente les dolería: atacar sus intereses económicos, confiscando sus empresas (ver recuadro).
A 28 años de la guerra, el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas va mostrando su real dimensión. No sólo se trata de la justa devolución de un territorio usurpado. Hablamos de la riqueza de futuras generaciones de nuestro pueblo. Está en juego la mismísima existencia de soberanía sobre la totalidad del Mar Argentino. Es una tarea antiimperialista pendiente que, en el año del Bicentenario, la debemos asumir como tal.
El planteo de Proyecto Sur ante la deuda externa
17 de marzo de 2010
Deuda Externa
Pino Solanas ¿Se planta?
Claudio Lozano presentó un proyecto de ley para pagar la deuda sin plata de las reservas. Y Pino Solanas, mientras habla de investigar, propone pagar depositando los millones de dólares en consignación, en el Banco de Basilea. Proyecto Sur se aleja cada día más del no pago.
Parecería haber un punto de acuerdo entre todos aquellos que reconocemos que la deuda externa es el mayor instrumento de dependencia, sometimiento y saqueo impuesto por el imperialismo. Esta es la base por la cual, Izquierda Socialista llama a constituir un gran movimiento nacional que movilice por el no pago. Así, hemos sido parte de las convocatorias que culminaron en una marcha unitaria a Plaza de Mayo en enero, y en un acto en el Obelisco en febrero, bajo esa consigna.
Con Proyecto Sur ya habían surgido diferencias. Planteaba que el énfasis no debía ser puesto en el “no pago”, sino en la “investigación de la deuda” vía una comisión bicameral en el Parlamento. Dicha comisión tendría que distinguir la deuda legítima de la ilegítima y, sólo sobre esta última, debería declararse la cesación de pagos.
Nuestro partido entiende que esto es equivocado. Porque la investigación ya se hizo y culminó con el fallo del juez Ballesteros que declaró a la deuda “ilegítima y fraudulenta”, existiendo incluso otro dictamen del mismo juez donde se condena el megacanje de 2001, y la deuda se siguió pagando. A pesar de ello, hasta ahora parecía que teníamos un punto en común: Solanas llamaba a dejar de pagar “mientras se investigara” (una suerte de “moratoria”). Pero no es así.
¿Pagar en consignación?
El martes 9, Pino Solanas sorprendió en el programa “Palabras más, palabras menos”, con un planteo novedoso: investigar la deuda y, mientras se comprueba su legitimidad, ir depositando los vencimientos en el Banco de Basilea, como si fuera un pago “a cuenta” o en consignación. Alcira Argumedo, su diputada, ya había aclarado el planteo: “Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad” (Página12, 9/03).
Al día siguiente, en una reunión en el Congreso titulada “Audiencia Pública sobre la deuda externa”, Pino volvió sobre el tema: “Creemos una comisión bicameral para auditarla, y mientras tanto vayamos realizando los pagos consignándolos en el banco de Basilea”.
La propuesta de Pino es antipopular. Porque esos fondos los necesitamos ya para aumentar salarios y jubilaciones; invertir en salud y educación y dar trabajo a millones de argentinos. ¿Cómo se le puede ocurrir destinar esos fondos al exterior cuando hay que resolver urgentes problemas sociales? Además, esa propuesta es inviable: ¿No sabe acaso Solanas que los bonos de la deuda tienen cláusulas que someten al país a la jurisdicción de tribunales extranjeros? Supongamos por un instante que se crea una comisión bicameral y resuelve que la deuda es ilegítima. ¿Cree Pino que la Banca de Basilea nos “devolverá” los fondos? Una utopía reaccionaria.
Lozano propone una ley para pagar
Claudio Lozano impulsa un proyecto de ley para pagar con fondos que no sean de las reservas. Es en respuesta al desafío de Cristina de cómo afrontar los pagos que no sea con reservas. “Queremos demostrar cómo recuperar ingresos públicos para pagar la deuda y frenar los DNU”, dijo Lozano (Clarín, 13-03) Propone para ello restituir los aportes patronales, eliminar las exenciones a la renta financiera, no ampliar los subsidios a las petroleras, entre otras. ¡Pero ese dinero debería ir a los trabajadores y el pueblo, no a los usureros internacionales!
De esta forma. la posición de Proyecto Sur es un serio retroceso sobre su ya limitada posición anterior. No estamos haciendo una discusión abstracta: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa quiere decir que este año pasaríamos a tener disponibles fondos equivalentes, sumados, a los presupuestos de salud y educación. No tiene sentido decir que la deuda es la fuente de nuestras miserias para inmediatamente sostener que debemos seguir pagándola “mientras se investiga”.
La deuda externa suma 35 años de estafa. Ya se inventó de todo: desde los megacanjes con supuestas “quitas” de Cavallo en 1992 y 2001 y de Kirchner en 2005, hasta los pagos en efectivos por adelantado al FMI para “no depender más” de ese organismo. En todos los casos la deuda siguió subiendo cual bola de nieve, y los trabajadores y el pueblo pagando las consecuencias con hambre, miseria y desempleo. No necesitamos que Pino aporte un invento nuevo. Sinceramente, esperamos que cambie. Y que aporte el prestigio de sus denuncias y películas a un amplio movimiento por el no pago.
Deuda Externa
Pino Solanas ¿Se planta?
Claudio Lozano presentó un proyecto de ley para pagar la deuda sin plata de las reservas. Y Pino Solanas, mientras habla de investigar, propone pagar depositando los millones de dólares en consignación, en el Banco de Basilea. Proyecto Sur se aleja cada día más del no pago.
Parecería haber un punto de acuerdo entre todos aquellos que reconocemos que la deuda externa es el mayor instrumento de dependencia, sometimiento y saqueo impuesto por el imperialismo. Esta es la base por la cual, Izquierda Socialista llama a constituir un gran movimiento nacional que movilice por el no pago. Así, hemos sido parte de las convocatorias que culminaron en una marcha unitaria a Plaza de Mayo en enero, y en un acto en el Obelisco en febrero, bajo esa consigna.
Con Proyecto Sur ya habían surgido diferencias. Planteaba que el énfasis no debía ser puesto en el “no pago”, sino en la “investigación de la deuda” vía una comisión bicameral en el Parlamento. Dicha comisión tendría que distinguir la deuda legítima de la ilegítima y, sólo sobre esta última, debería declararse la cesación de pagos.
Nuestro partido entiende que esto es equivocado. Porque la investigación ya se hizo y culminó con el fallo del juez Ballesteros que declaró a la deuda “ilegítima y fraudulenta”, existiendo incluso otro dictamen del mismo juez donde se condena el megacanje de 2001, y la deuda se siguió pagando. A pesar de ello, hasta ahora parecía que teníamos un punto en común: Solanas llamaba a dejar de pagar “mientras se investigara” (una suerte de “moratoria”). Pero no es así.
¿Pagar en consignación?
El martes 9, Pino Solanas sorprendió en el programa “Palabras más, palabras menos”, con un planteo novedoso: investigar la deuda y, mientras se comprueba su legitimidad, ir depositando los vencimientos en el Banco de Basilea, como si fuera un pago “a cuenta” o en consignación. Alcira Argumedo, su diputada, ya había aclarado el planteo: “Quede claro que Proyecto Sur no plantea un default: al igual que en Ecuador, es posible realizar ciertos pagos no cuestionados o depositar en el Banco de Basilea como consignación, mientras una Comisión Bicameral asesorada por peritos nacionales e internacionales investiga el conjunto del endeudamiento y su legitimidad” (Página12, 9/03).
Al día siguiente, en una reunión en el Congreso titulada “Audiencia Pública sobre la deuda externa”, Pino volvió sobre el tema: “Creemos una comisión bicameral para auditarla, y mientras tanto vayamos realizando los pagos consignándolos en el banco de Basilea”.
La propuesta de Pino es antipopular. Porque esos fondos los necesitamos ya para aumentar salarios y jubilaciones; invertir en salud y educación y dar trabajo a millones de argentinos. ¿Cómo se le puede ocurrir destinar esos fondos al exterior cuando hay que resolver urgentes problemas sociales? Además, esa propuesta es inviable: ¿No sabe acaso Solanas que los bonos de la deuda tienen cláusulas que someten al país a la jurisdicción de tribunales extranjeros? Supongamos por un instante que se crea una comisión bicameral y resuelve que la deuda es ilegítima. ¿Cree Pino que la Banca de Basilea nos “devolverá” los fondos? Una utopía reaccionaria.
Lozano propone una ley para pagar
Claudio Lozano impulsa un proyecto de ley para pagar con fondos que no sean de las reservas. Es en respuesta al desafío de Cristina de cómo afrontar los pagos que no sea con reservas. “Queremos demostrar cómo recuperar ingresos públicos para pagar la deuda y frenar los DNU”, dijo Lozano (Clarín, 13-03) Propone para ello restituir los aportes patronales, eliminar las exenciones a la renta financiera, no ampliar los subsidios a las petroleras, entre otras. ¡Pero ese dinero debería ir a los trabajadores y el pueblo, no a los usureros internacionales!
De esta forma. la posición de Proyecto Sur es un serio retroceso sobre su ya limitada posición anterior. No estamos haciendo una discusión abstracta: dejar de pagar inmediatamente la deuda externa quiere decir que este año pasaríamos a tener disponibles fondos equivalentes, sumados, a los presupuestos de salud y educación. No tiene sentido decir que la deuda es la fuente de nuestras miserias para inmediatamente sostener que debemos seguir pagándola “mientras se investiga”.
La deuda externa suma 35 años de estafa. Ya se inventó de todo: desde los megacanjes con supuestas “quitas” de Cavallo en 1992 y 2001 y de Kirchner en 2005, hasta los pagos en efectivos por adelantado al FMI para “no depender más” de ese organismo. En todos los casos la deuda siguió subiendo cual bola de nieve, y los trabajadores y el pueblo pagando las consecuencias con hambre, miseria y desempleo. No necesitamos que Pino aporte un invento nuevo. Sinceramente, esperamos que cambie. Y que aporte el prestigio de sus denuncias y películas a un amplio movimiento por el no pago.
Asignación universal por hijo
4 de Noviembre de 2009
Con los $180 se consolida la pobreza
Cristina anunció pomposamente la creación de un pago universal de 180 pesos por hijo menor de 18 años. El dinero saldrá de la caja del Anses. ¿Una política para redistribuir el ingreso o un nuevo manejo clientelar de los Kirchner?
Mientras todos los estudios (menos los del Indec, obviamente) muestran un explosivo crecimiento de la pobreza, Cristina quiere convencernos que la va a resolver otorgando 180 pesos a cada hijo de desocupado o de trabajador en negro.
En las últimas semanas habían circulado diversos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, para hacer efectivo un ingreso universal a la niñez. Ya en ediciones anteriores explicamos que aún con montos superiores a los 180 no se iba a resolver en absoluto el flagelo de la pobreza (ver “Con $300 no alcanza”, El Socialista N°152, 28-10).
La medida, que fue efusivamente apoyada por Moyano y Yasky, no sólo es insuficiente. Tiene la misma intencionalidad que el anuncio anterior de Cristina de crear 100.000 puestos de trabajo. Es parte del plan integral del proyecto kirchnerista, montado con el objetivo de ganar clientelarmente y tener bajo su ala a intendentes y gobernadores.
¿Cómo se lo financia?
Quizás algún compañero podrá pensar: “pero al menos el Estado destina algo para los que menos tienen”. Obviamente que es bienvenido cada centavo que los trabajadores y el pueblo le arrebatemos al Estado o a los patrones. Pero, lamentablemente, este no es así: el programa será financiado íntegramente por el Anses -léase, con la plata de los jubilados-. O sea, pagarán a los chicos con la plata que les sacan a los abuelos.
Y sucede algo más terrible aún: se calcula que la totalidad del financiamiento requerirá aproximadamente 10.000 millones de pesos. Eso será lo que saldrá de la caja del Anses. Pero, al mismo tiempo, el gobierno dejará de pagar otros programas -como el Plan Familias o el Jefas y Jefes-, “ahorrándose” así aproximadamente 5.000 millones de pesos. En conclusión: se le sacarán 10.000 millones a la caja de los jubilados, mientras el gobierno tiene 5.000 millones más para usarlo para fines distintos a los de política social.
Este año el gobierno ya sacó del Anses 6.000 millones de pesos para pagar deuda externa y 3.450 para “inversiones públicas”, es decir, negocios de los empresarios amigos. Algo criminal en un país donde el 80% de los jubilados reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.
Los “progresistas” tenían la expectativa de que el ingreso universal se iba a financiar con un impuesto a la renta financiera. Pero el gobierno eligió que lo hicieran los jubilados ¿Cómo es posible que en un país donde en lo que va de 2009 los bancos tuvieron una ganancia 65% superior al 2008, se exima de pagar impuesto a la renta financiera mientras se financia cada día más todo con la plata que legítimamente pertenece a nuestros viejos?
Una salida de fondo para combatir la pobreza
Es una vulgar mentira decir que se resuelve la pobreza con esta asignación de 180 pesos. Si quisieran avanzar seriamente habría que otorgar 1.000 pesos de emergencia a cada trabajador o jubilado, para acercarlo al valor de la canasta familiar (hoy en 4.500 pesos); prohibir por ley los despidos y pagarle a todo trabajador desocupado un seguro de desempleo de 1.500 pesos hasta que se les garantice un trabajo digno; obligar a blanquear a todo los trabajadores en negro y desarrollar un plan de obras públicas para generar trabajo, construyendo viviendas, escuelas y hospitales controlado por comisiones obreras y de desocupados, fuera del manejo clientelar de intendentes y punteros. Para financiar todo esto, habría que ponerle impuestos a la renta financiera, a las superganancias empresariales, terminar con los subsidios a las grandes patronales y privatizadas y, por sobre todo, dejar de una vez de pagar la ilegal, inmoral e incluso impagable deuda externa. Así sí, de una vez por todas, se empezaría una verdadera guerra contra la pobreza.
Con los $180 se consolida la pobreza
Cristina anunció pomposamente la creación de un pago universal de 180 pesos por hijo menor de 18 años. El dinero saldrá de la caja del Anses. ¿Una política para redistribuir el ingreso o un nuevo manejo clientelar de los Kirchner?
Mientras todos los estudios (menos los del Indec, obviamente) muestran un explosivo crecimiento de la pobreza, Cristina quiere convencernos que la va a resolver otorgando 180 pesos a cada hijo de desocupado o de trabajador en negro.
En las últimas semanas habían circulado diversos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, para hacer efectivo un ingreso universal a la niñez. Ya en ediciones anteriores explicamos que aún con montos superiores a los 180 no se iba a resolver en absoluto el flagelo de la pobreza (ver “Con $300 no alcanza”, El Socialista N°152, 28-10).
La medida, que fue efusivamente apoyada por Moyano y Yasky, no sólo es insuficiente. Tiene la misma intencionalidad que el anuncio anterior de Cristina de crear 100.000 puestos de trabajo. Es parte del plan integral del proyecto kirchnerista, montado con el objetivo de ganar clientelarmente y tener bajo su ala a intendentes y gobernadores.
¿Cómo se lo financia?
Quizás algún compañero podrá pensar: “pero al menos el Estado destina algo para los que menos tienen”. Obviamente que es bienvenido cada centavo que los trabajadores y el pueblo le arrebatemos al Estado o a los patrones. Pero, lamentablemente, este no es así: el programa será financiado íntegramente por el Anses -léase, con la plata de los jubilados-. O sea, pagarán a los chicos con la plata que les sacan a los abuelos.
Y sucede algo más terrible aún: se calcula que la totalidad del financiamiento requerirá aproximadamente 10.000 millones de pesos. Eso será lo que saldrá de la caja del Anses. Pero, al mismo tiempo, el gobierno dejará de pagar otros programas -como el Plan Familias o el Jefas y Jefes-, “ahorrándose” así aproximadamente 5.000 millones de pesos. En conclusión: se le sacarán 10.000 millones a la caja de los jubilados, mientras el gobierno tiene 5.000 millones más para usarlo para fines distintos a los de política social.
Este año el gobierno ya sacó del Anses 6.000 millones de pesos para pagar deuda externa y 3.450 para “inversiones públicas”, es decir, negocios de los empresarios amigos. Algo criminal en un país donde el 80% de los jubilados reciben haberes por debajo de la línea de pobreza.
Los “progresistas” tenían la expectativa de que el ingreso universal se iba a financiar con un impuesto a la renta financiera. Pero el gobierno eligió que lo hicieran los jubilados ¿Cómo es posible que en un país donde en lo que va de 2009 los bancos tuvieron una ganancia 65% superior al 2008, se exima de pagar impuesto a la renta financiera mientras se financia cada día más todo con la plata que legítimamente pertenece a nuestros viejos?
Una salida de fondo para combatir la pobreza
Es una vulgar mentira decir que se resuelve la pobreza con esta asignación de 180 pesos. Si quisieran avanzar seriamente habría que otorgar 1.000 pesos de emergencia a cada trabajador o jubilado, para acercarlo al valor de la canasta familiar (hoy en 4.500 pesos); prohibir por ley los despidos y pagarle a todo trabajador desocupado un seguro de desempleo de 1.500 pesos hasta que se les garantice un trabajo digno; obligar a blanquear a todo los trabajadores en negro y desarrollar un plan de obras públicas para generar trabajo, construyendo viviendas, escuelas y hospitales controlado por comisiones obreras y de desocupados, fuera del manejo clientelar de intendentes y punteros. Para financiar todo esto, habría que ponerle impuestos a la renta financiera, a las superganancias empresariales, terminar con los subsidios a las grandes patronales y privatizadas y, por sobre todo, dejar de una vez de pagar la ilegal, inmoral e incluso impagable deuda externa. Así sí, de una vez por todas, se empezaría una verdadera guerra contra la pobreza.
¿Mayor ‘pluralidad de voces’ para quién?
30 de Setiembre de 2009
La nueva ley de Cristina no es para que se escuchen otras opiniones, mucho menos las de quienes los critican. Buscan más medios adictos y, particularmente, silenciar las luchas obreras y populares. Terrabusi fue, esta semana, un verdadero test.
Los medios estatales le dan la espalda a los luchadores y a la izquierda
El gobierno de Cristina sigue adelante con su costosa campaña publicitaria a favor de la nueva ley de medios. Su mensaje es que los argentinos vamos a tener acceso a mayor y más “plural” información. Y que miles de voces, que hoy no tienen espacio en los medios, van a poder hacerse escuchar.
No es cierto. El verdadero objetivo político de los Kirchner es tener muchas “voces” oficialistas en los medios, al servicio de su proyecto. No se trata de más pluralidad, sino de menos. Ciertamente, Néstor y Cristina están embarcados en una guerra contra el Grupo Clarín, pero no por el contenido ideológico de sus noticieros y programas de opinión, sino por su carácter de opositor. De hecho, cuando Clarín era “oficialista” estaban los mismos periodistas y cubrían la realidad con el mismo enfoque. Y a los Kirchner nunca les molestó. Peor aún: el multimedio privado actualmente más oficialista resulta ser el Grupo Hadad, que, pese a sus ultrarreaccionarios programas y conductores en C5N y Radio 10, llegó a un acuerdo para no pegarle al gobierno.
Cristina sostiene que con la nueva ley habrá más pluralidad. Pero no hace falta esperar su sanción para hacer un test: actualmente, Canal 7 y Radio Nacional son estatales. ¿Qué espacio tuvieron en ellos los compañeros del nuevo sindicato del subte? ¿Y los obreros de Zanón? ¿Y los trabajadores del INDEC? ¿Pudieron expresarse las asociaciones que luchan contra el tarifazo? ¿Hay algún programa para que se escuche la posición de los partidos de izquierda? Y, por si quedaba alguna duda, tenemos la vergonzosa censura ejercida por Canal 7 sobre la represión a los trabajadores de Terrabusi (ver nota).
El gobierno de los Kirchner ha metido mano y falseado hasta en la información que debería emitir el Estado automáticamente. Ahí tenemos el ejemplo del Indec: datos estadísticos fundamentales para la toma de decisiones en infinidad de políticas sociales, de salud o educación, son aberrantemente falseados, e incluso las bases de datos -que por ley deberían ser de acceso público para que cualquiera pudiera comprobar la veracidad de los números- les son negadas sistemáticamente a los investigadores.
Por supuesto que la UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el peronismo opositor son hipócritas cuando dicen que, con esta ley, se violará la “libertad de expresión”. Esconden con sus posiciones la defensa de los actuales privilegios de los monopolios de prensa. Nunca se vio a ninguno de ellos protestar por el silencio o la tergiversación que se ejerce en esos medios sobre las luchas de los trabajadores o las posiciones de la izquierda. Tanto oficialistas como opositores cuando hablan de “libertad de prensa” sólo se refieren a libertad para los monopolios, sean “amigos” o “enemigos” del gobierno. A pesar de los discursos, en el capitalismo nunca hay “libertad de expresión” para las luchas de los trabajadores.
Por eso, los socialistas somos los únicos que estamos por una verdadera libertad de expresión para todos, otorgándole a todas las organizaciones el acceso real a los medios materiales para que puedan hacer conocer sus opiniones. Estamos por canales, programas, y espacios gratuitos en televisión (de aire y cable), radio y cualquier otro medio audiovisual que aparezca en el futuro, para los cuerpos de delegados, organizaciones de usuarios que luchan contra el tarifazo, partidos de izquierda y cualquier otra expresión popular, alternativa o comunitaria.
Para que todos tengan la posibilidad de expresarse a través de sus propios medios gráficos, y no dependan de los costos exorbitantes del papel, hoy monopolizado por Papel Prensa (en manos de Clarín y La Nación), se impone la estatización de esta empresa y la entrega de cuotas de papel a todas las organizaciones políticas y sociales.
Para que los contenidos elaborados por la izquierda o los trabajadores combativos no dependan para “llegar al aire” de un monopolio privado que decida qué programa o canal incluye en su grilla, estamos por un servicio estatal de Triple Play, que efectivamente garantice, no sólo la pluralidad de contenidos, sino el mismísimo acceso a televisión, teléfono e Internet por banda ancha para absolutamente todos los hogares populares, llegando hasta el último pueblo del país, con tarifa social para los sectores más pobres. Obviamente que esto sólo será posible cuando la red más extensa de cableado nacional deje de estar en manos de las telefónicas, por lo que se impone reestatizarlas. Y exigimos, para empezar, que los medios estatales no sean monopolio del gobierno patronal de turno, sino que se garanticen efectivamente programas y espacios para la oposición, en particular para la izquierda, reflejando las luchas y denuncias de la clase trabajadora y el pueblo.
--------------------------------------------------------------------------------
Televisación del fútbol: Siguen con los negocios privados
Ahora que el fútbol se pasa por televisión abierta, muchos pensarán que es efectivamente Canal 7 el que transmite los partidos, con todo lo que eso implica en términos de más trabajo para los cámaras, técnicos o equipos de exteriores. O que, por fin, toda una nueva camada de relatores y comentaristas deportivos tendrán “voz” (y trabajo) en las transmisiones, en lugar del monopolio que ejercía el carcamán de Macaya Márquez y su equipo. Nada más alejado de la realidad. Los relatores y comentaristas de “la televisión pública” ahora responden al también archirreaccionario Marcelo Araujo (por otra parte, ex relator de Fútbol de Primera, que tenía como comentarista al propio Macaya Márquez). La televisación de los partidos no es producida por los equipos del canal estatal, sino que está tercerizada a productoras privadas, elegidas por el propio Marcelo Araujo: Record Visión, CPA, Video 4 y Ramiro Nieto. Ni siquiera la señal satelital de los partidos es realizada por Canal 7, sino por la productora privada La Corte.
J.C.
--------------------------------------------------------------------------------
Canal 7 y la “cobertura” de Terrabusi: Sin voz para los trabajadores
Viernes pasado por la tarde. No se podía esperar otra cosa de los canales de noticia de la multimedia privada: América (de De Narváez), TN (Clarín), Canal 26 (de Pierri) titulaban “ciudad sitiada” y editorializaban contra los piquetes en apoyo a la lucha de Terrabusi. C5N, propiedad del derechista Hadad, quien en los últimos tiempos llegó a un “acuerdo” para no transmitir nada que moleste al gobierno (al extremo que algunos lo llaman “Cristina5Néstor”), directamente bajaba la línea de la patronal de Kraft, mintiendo alevosamente contra los trabajadores. Hasta el extremo que estos se cansaron y, encarando al móvil mientras transmitía, cantaron “borombombón, borombonbón, C5N, es del patrón”.
A las 17:30 comenzó la salvaje represión. Ahí todos los canales, incluido los de aire que tenían otras programaciones, empezaron a transmitir en directo lo que estaba sucediendo en la planta de Pacheco y sus alrededores. Ante la contundencia de las imágenes, hasta aquellos que habían pedido “orden” contra los manifestantes, tuvieron que titular “violenta represión”. Pero hubo una excepción: Canal 7, la “televisión pública”. El canal estatal fue el único que no dijo una sola palabra, no transmitió ni un segundo de imagen del brutal accionar policial, y se mantuvo horas en silencio. Si alguien estaba mirando el 7, no se hubiera ni enterado de una de las más feroces represiones de los últimos años.
Durante todo el conflicto, los trabajadores tuvieron que hacer oir sus argumentos por medios alternativos o los periódicos y paginas web de los partidos de izquierda. Incluso cuando algún periodista les “daba micrófono”, inmediatamente desde el estudio los conductores de los programas los descalificaban. Canal 7 no fue la excepción. En sus múltiples programas de opinión y noticieros jamás fue invitado ningún trabajador de Terrabusi a explicar el conflicto. Las marchas también fueron ninguneadas. Pero lo sucedido el viernes, al directamente “borrar” de la pantalla de la televisión estatal toda referencia a la feroz represión, fue vergonzoso. ¿Esta es la “pluralidad de voces” que promueve el gobierno cuando propagandiza su nueva ley de medios?
José Castillo
La nueva ley de Cristina no es para que se escuchen otras opiniones, mucho menos las de quienes los critican. Buscan más medios adictos y, particularmente, silenciar las luchas obreras y populares. Terrabusi fue, esta semana, un verdadero test.
Los medios estatales le dan la espalda a los luchadores y a la izquierda
El gobierno de Cristina sigue adelante con su costosa campaña publicitaria a favor de la nueva ley de medios. Su mensaje es que los argentinos vamos a tener acceso a mayor y más “plural” información. Y que miles de voces, que hoy no tienen espacio en los medios, van a poder hacerse escuchar.
No es cierto. El verdadero objetivo político de los Kirchner es tener muchas “voces” oficialistas en los medios, al servicio de su proyecto. No se trata de más pluralidad, sino de menos. Ciertamente, Néstor y Cristina están embarcados en una guerra contra el Grupo Clarín, pero no por el contenido ideológico de sus noticieros y programas de opinión, sino por su carácter de opositor. De hecho, cuando Clarín era “oficialista” estaban los mismos periodistas y cubrían la realidad con el mismo enfoque. Y a los Kirchner nunca les molestó. Peor aún: el multimedio privado actualmente más oficialista resulta ser el Grupo Hadad, que, pese a sus ultrarreaccionarios programas y conductores en C5N y Radio 10, llegó a un acuerdo para no pegarle al gobierno.
Cristina sostiene que con la nueva ley habrá más pluralidad. Pero no hace falta esperar su sanción para hacer un test: actualmente, Canal 7 y Radio Nacional son estatales. ¿Qué espacio tuvieron en ellos los compañeros del nuevo sindicato del subte? ¿Y los obreros de Zanón? ¿Y los trabajadores del INDEC? ¿Pudieron expresarse las asociaciones que luchan contra el tarifazo? ¿Hay algún programa para que se escuche la posición de los partidos de izquierda? Y, por si quedaba alguna duda, tenemos la vergonzosa censura ejercida por Canal 7 sobre la represión a los trabajadores de Terrabusi (ver nota).
El gobierno de los Kirchner ha metido mano y falseado hasta en la información que debería emitir el Estado automáticamente. Ahí tenemos el ejemplo del Indec: datos estadísticos fundamentales para la toma de decisiones en infinidad de políticas sociales, de salud o educación, son aberrantemente falseados, e incluso las bases de datos -que por ley deberían ser de acceso público para que cualquiera pudiera comprobar la veracidad de los números- les son negadas sistemáticamente a los investigadores.
Por supuesto que la UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el peronismo opositor son hipócritas cuando dicen que, con esta ley, se violará la “libertad de expresión”. Esconden con sus posiciones la defensa de los actuales privilegios de los monopolios de prensa. Nunca se vio a ninguno de ellos protestar por el silencio o la tergiversación que se ejerce en esos medios sobre las luchas de los trabajadores o las posiciones de la izquierda. Tanto oficialistas como opositores cuando hablan de “libertad de prensa” sólo se refieren a libertad para los monopolios, sean “amigos” o “enemigos” del gobierno. A pesar de los discursos, en el capitalismo nunca hay “libertad de expresión” para las luchas de los trabajadores.
Por eso, los socialistas somos los únicos que estamos por una verdadera libertad de expresión para todos, otorgándole a todas las organizaciones el acceso real a los medios materiales para que puedan hacer conocer sus opiniones. Estamos por canales, programas, y espacios gratuitos en televisión (de aire y cable), radio y cualquier otro medio audiovisual que aparezca en el futuro, para los cuerpos de delegados, organizaciones de usuarios que luchan contra el tarifazo, partidos de izquierda y cualquier otra expresión popular, alternativa o comunitaria.
Para que todos tengan la posibilidad de expresarse a través de sus propios medios gráficos, y no dependan de los costos exorbitantes del papel, hoy monopolizado por Papel Prensa (en manos de Clarín y La Nación), se impone la estatización de esta empresa y la entrega de cuotas de papel a todas las organizaciones políticas y sociales.
Para que los contenidos elaborados por la izquierda o los trabajadores combativos no dependan para “llegar al aire” de un monopolio privado que decida qué programa o canal incluye en su grilla, estamos por un servicio estatal de Triple Play, que efectivamente garantice, no sólo la pluralidad de contenidos, sino el mismísimo acceso a televisión, teléfono e Internet por banda ancha para absolutamente todos los hogares populares, llegando hasta el último pueblo del país, con tarifa social para los sectores más pobres. Obviamente que esto sólo será posible cuando la red más extensa de cableado nacional deje de estar en manos de las telefónicas, por lo que se impone reestatizarlas. Y exigimos, para empezar, que los medios estatales no sean monopolio del gobierno patronal de turno, sino que se garanticen efectivamente programas y espacios para la oposición, en particular para la izquierda, reflejando las luchas y denuncias de la clase trabajadora y el pueblo.
--------------------------------------------------------------------------------
Televisación del fútbol: Siguen con los negocios privados
Ahora que el fútbol se pasa por televisión abierta, muchos pensarán que es efectivamente Canal 7 el que transmite los partidos, con todo lo que eso implica en términos de más trabajo para los cámaras, técnicos o equipos de exteriores. O que, por fin, toda una nueva camada de relatores y comentaristas deportivos tendrán “voz” (y trabajo) en las transmisiones, en lugar del monopolio que ejercía el carcamán de Macaya Márquez y su equipo. Nada más alejado de la realidad. Los relatores y comentaristas de “la televisión pública” ahora responden al también archirreaccionario Marcelo Araujo (por otra parte, ex relator de Fútbol de Primera, que tenía como comentarista al propio Macaya Márquez). La televisación de los partidos no es producida por los equipos del canal estatal, sino que está tercerizada a productoras privadas, elegidas por el propio Marcelo Araujo: Record Visión, CPA, Video 4 y Ramiro Nieto. Ni siquiera la señal satelital de los partidos es realizada por Canal 7, sino por la productora privada La Corte.
J.C.
--------------------------------------------------------------------------------
Canal 7 y la “cobertura” de Terrabusi: Sin voz para los trabajadores
Viernes pasado por la tarde. No se podía esperar otra cosa de los canales de noticia de la multimedia privada: América (de De Narváez), TN (Clarín), Canal 26 (de Pierri) titulaban “ciudad sitiada” y editorializaban contra los piquetes en apoyo a la lucha de Terrabusi. C5N, propiedad del derechista Hadad, quien en los últimos tiempos llegó a un “acuerdo” para no transmitir nada que moleste al gobierno (al extremo que algunos lo llaman “Cristina5Néstor”), directamente bajaba la línea de la patronal de Kraft, mintiendo alevosamente contra los trabajadores. Hasta el extremo que estos se cansaron y, encarando al móvil mientras transmitía, cantaron “borombombón, borombonbón, C5N, es del patrón”.
A las 17:30 comenzó la salvaje represión. Ahí todos los canales, incluido los de aire que tenían otras programaciones, empezaron a transmitir en directo lo que estaba sucediendo en la planta de Pacheco y sus alrededores. Ante la contundencia de las imágenes, hasta aquellos que habían pedido “orden” contra los manifestantes, tuvieron que titular “violenta represión”. Pero hubo una excepción: Canal 7, la “televisión pública”. El canal estatal fue el único que no dijo una sola palabra, no transmitió ni un segundo de imagen del brutal accionar policial, y se mantuvo horas en silencio. Si alguien estaba mirando el 7, no se hubiera ni enterado de una de las más feroces represiones de los últimos años.
Durante todo el conflicto, los trabajadores tuvieron que hacer oir sus argumentos por medios alternativos o los periódicos y paginas web de los partidos de izquierda. Incluso cuando algún periodista les “daba micrófono”, inmediatamente desde el estudio los conductores de los programas los descalificaban. Canal 7 no fue la excepción. En sus múltiples programas de opinión y noticieros jamás fue invitado ningún trabajador de Terrabusi a explicar el conflicto. Las marchas también fueron ninguneadas. Pero lo sucedido el viernes, al directamente “borrar” de la pantalla de la televisión estatal toda referencia a la feroz represión, fue vergonzoso. ¿Esta es la “pluralidad de voces” que promueve el gobierno cuando propagandiza su nueva ley de medios?
José Castillo
¿Una ley para ‘democratizar’ los medios?
23 de setiembre de 2009
Se aprobó en Diputados el proyecto ofi cial de ley de servicios de comunicación audiovisual con el voto, no sólo del kirchnerismo, sino también de buena parte de la centroizquierda, entre ellos Claudio Lozano de Proyecto Sur. Luego de la eliminación de la cláusula que permitía el acceso de las Telefónicas, ¿se trata de un proyecto progresista?
La ley de medios busca más prensa para el gobierno y negocios para sus amigos
La propaganda del gobierno, el apoyo de fi guras como Pino Solanas y de periodistas prestigiados como Victor Hugo Morales, han generado una gran confusión en importantes sectores populares y de trabajadores. Mucho más cuando, luego de las denuncias acerca de que se estaba montando un negociado alrededor de las telefónicas, Cristina tuvo que retirar el artículo más escandaloso de la ley. ¿Se trata ahora de un proyecto que va a garantizar más “democratización”, entendiendo por esto mayor acceso de voces disidentes y plurales en los medios?
El gobierno utilizó como caballito de batalla que se estaba derogando una ley de la dictadura. Obviamente, nadie puede estar en contra de esto, más bien deberíamos preguntarnos por qué no lo hicieron antes. Lo mismo cuando se denuncia -ahora, no antes, cuando eran amigos de los Kirchner- al poder del multimedio Clarín. Nosotros siempre denunciamos a los monopolios de los medios, el silenciamiento que hacen de la lucha de los trabajadores y a las negreras y antisindicales patronales (no sólo de Clarín, sino también de Telefe, propiedad de Telefónica, C5N, en manos del Grupo Hadad, las radios del grupo Prisa, o el multimedio de América, Vila, Manzano y De Narváez). Obviamente, no tenemos nada que ver con el circo montado por la oposición patronal (radicales, Coalición Cívica, Pro), que esconden, detrás de una supuesta “defensa de la libertad de expresión”, su soporte desvergonzado de los monopolios multimediáticos. Ninguno de ellos se preocupó jamás de garantizarle “la libre expresión” a los trabajadores del Casino, Dana, Subte, Zanón, ferroviarios, Mahle, Jabón Federal o el Hospital Garrahan, por nombrar sólo algunas luchas de los últimos años, o a los que reclaman la aparición con vida de Luciano Arruga o Julio López, todos silenciados o distorsionados por la “prensa libre”.
¿Más voces? ¿Qué voces?
Se sostiene que la ley va a garantizar mayor democracia y acceso a los medios. No es cierto ¿Será que ahora las voces silenciadas de miles de confl ictos obreros y populares, censurados tanto en la multimedia privada como en la televisión pública van a poder difundirse? ¿Es esa la intención del gobierno? No.
Hagamos un test. El gobierno de los Kirchner ya lleva seis años: ¿cuándo hubo un programa para que expusieran los trabajadores del subte o los obreros de Zanón en Canal 7 o en Radio Nacional? ¿Qué espacio o programa gratuito tuvo o tiene la izquierda en “la televisión pública”? ¿Y las asociaciones que luchan contra el tarifazo?
Los burócratas sindicales que apoyan a los Kirchner no necesitan ninguna modificación a la legislación: con la plata que le roban a sus afi liados ya tienen programas en cable, como el del sindicato de camioneros, gastronómicos o del Suterh. ¿Acaso la nueva ley va a permitir que haya un canal donde se expresen las oposiciones sindicales? ¿ O un canal para difundir las propuestas de la izquierda?
La realidad es que van a seguir sin aparecer en el aire, salvo para demonizarlos como “perturbadores que obstaculizan el derecho constitucional al libre tránsito”, como hacen con el confl icto de Terrabusi. Mucho menos se van a dar a conocer las luchas que desde hace años llevan adelante los trabajadores de los medios, como las actuales en el diario Crónica, en Perfi l o las del Sindicato de Televisión.
Más prensa para el gobierno
Es mentira, entonces, que se promueve la nueva ley de medios con el objetivo de “democratizarlos”. Lo que se busca es que el gobierno, debilitado tras su derrota electoral de junio, tenga más poder para meter su política y adornar sus planes de ajuste con doble discurso. Hay que decirlo con claridad: se busca más prensa adicta para el gobierno. Para darle menos espacio a todo aquel que lo critica. Y, en ese marco, obviamente, para seguir silenciando a la izquierda, a los trabajadores y a otros sectores populares que reclaman. Todo atado al proyecto reeleccionista de la familia presidencial. Por supuesto que el proyecto tiene también un segundo objetivo: como sucedió con tantos otros, garantizarle los negocios a sus amigos, sean Telefónica de España, o los empresarios locales Werthein y Eurnekián.
Que los trabajadores, sus delegados y comisiones internas combativas, las organizaciones populares opositoras y la propia izquierda tengan el acceso democrático que les corresponde en los medios gráfi cos y audiovisuales, depende de que se les garantice espacios a todos, sin ninguna injerencia sobre los contenidos de las programaciones. Nada de esto está planteado en la ley votada. Por eso, diferenciándose claramente de la oposición patronal, lo que hubiera hecho un legislador de Izquierda Socialista en el Congreso es votar un proyecto propio, llamando a discutirlo entre los trabajadores, en primer lugar los de los gremios involucrados (televisión, prensa, gráfi cos, artistas, telefónicos y publicidad) y denunciar al proyecto ofi cial como una expresión más, quizás una de las más grandes, del doble discurso kirchnerista.
--------------------------------------------------------------------------------
Con la ley seguirán los negocios de las telefónicas
Cuando las telefónicas obtuvieron a precio de remate Entel, una de las excusas para valuarlas tan bajo era que tenían prohibido hacer transmisión de imagen (léase televisión). Pasaron 17 años, Telefónica y Telecom hicieron superganancias multimillonarias e incluso hubo varios cambios de paquetes accionarios. La realidad es que hoy Telefónica de Argentina sigue siendo de Telefónica de España, y Telecom tiene una propiedad dividida entre Telecom Italia (donde a la vez están los españoles) y el grupo Werthein (uno de los empresarios amigos del gobierno). En las idas y vueltas de estos últimos meses, se habla de la venta de la parte accionaria de Telecom en manos de los italianos a Eurnekián (que a la vez vendría asociado a Slim, el magnate mexicano de medios). Todos estos son los pulpos que tratan de meterse en el nuevo negocio de las telecomunicaciones. ¿En qué consiste? En el cortísimo plazo en el llamado Triple Play: ofrecer por una sola vía cable, teléfono e Internet. Hoy a millones de hogares argentinos “llegan” dos cables: el del teléfono y el del cable. Los dos ofrecen Internet por banda ancha, pero ninguno puede ofrecer los tres servicios juntos. El que lo logre se quedará con el negocio. Pero esto sólo será el comienzo: se viene la televisión digital, que va a permitir articular un sinnúmero de servicios, desde vender programación (pay per view), ofrecer canales de alta definición, hasta realizar transacciones comerciales con el servicio.
Los socialistas no estamos en contra del cambio tecnológico. Al contrario. Pero así como en la época en que sólo existía la prensa gráfi ca exigíamos que se repartiera democráticamente las “cuotas” de papel para el movimiento obrero, única garantía de que pudiera expresarse, de la misma forma nos planteamos hoy la verdadera democratización de los nuevos medios audiovisuales.
No estamos en contra del Triple Play: ¿quién puede oponerse a que una familia trabajadora pague una sola factura que englobe tres servicios que van, vía la convergencia tecnológica, a ser uno sólo? El problema es quién tiene el control del servicio y las tarifas. Y hoy, la realidad es que el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila- Manzano-De Narváez (Supercanal). Por eso no va a estar garantizado ni el real acceso al servicio para los sectores populares -ya que estos monopolios terminarán cobrando tarifas astronómicas- ni la “pluralidad de los contenidos”, ya que estos monstruos son los dueños de canales y programaciones. Como muestra basta un botón. No hace falta que la ley “autorice” a las telefónicas a tener medios audiovisuales: hace años que Telefónica es dueña de Telefé, algo formalmente “prohibido” por la ley de telecomunicaciones. Por si fuera poco, ya se compró también Direct TV para ofrecer el servicio desde el lado Satelital.
Por eso se impone reestatizar las telefónicas. Y además terminar con el dominio del Grupo Clarín y otros multimedios sobre el servicio del cable. Dos medidas básicas que, junto al reparto de los recursos técnicos y las bandas horarias en forma democrática, empezarían a garantizarle a los trabajadores, sus comisiones internas, cuerpos de delegados, organizaciones populares y a la izquierda la posibilidad de hacer oir su voz, hoy absolutamente silenciadas, tanto por la multimedia privada como por los medios “públicos” manejados por el kirchnerismo.
Se aprobó en Diputados el proyecto ofi cial de ley de servicios de comunicación audiovisual con el voto, no sólo del kirchnerismo, sino también de buena parte de la centroizquierda, entre ellos Claudio Lozano de Proyecto Sur. Luego de la eliminación de la cláusula que permitía el acceso de las Telefónicas, ¿se trata de un proyecto progresista?
La ley de medios busca más prensa para el gobierno y negocios para sus amigos
La propaganda del gobierno, el apoyo de fi guras como Pino Solanas y de periodistas prestigiados como Victor Hugo Morales, han generado una gran confusión en importantes sectores populares y de trabajadores. Mucho más cuando, luego de las denuncias acerca de que se estaba montando un negociado alrededor de las telefónicas, Cristina tuvo que retirar el artículo más escandaloso de la ley. ¿Se trata ahora de un proyecto que va a garantizar más “democratización”, entendiendo por esto mayor acceso de voces disidentes y plurales en los medios?
El gobierno utilizó como caballito de batalla que se estaba derogando una ley de la dictadura. Obviamente, nadie puede estar en contra de esto, más bien deberíamos preguntarnos por qué no lo hicieron antes. Lo mismo cuando se denuncia -ahora, no antes, cuando eran amigos de los Kirchner- al poder del multimedio Clarín. Nosotros siempre denunciamos a los monopolios de los medios, el silenciamiento que hacen de la lucha de los trabajadores y a las negreras y antisindicales patronales (no sólo de Clarín, sino también de Telefe, propiedad de Telefónica, C5N, en manos del Grupo Hadad, las radios del grupo Prisa, o el multimedio de América, Vila, Manzano y De Narváez). Obviamente, no tenemos nada que ver con el circo montado por la oposición patronal (radicales, Coalición Cívica, Pro), que esconden, detrás de una supuesta “defensa de la libertad de expresión”, su soporte desvergonzado de los monopolios multimediáticos. Ninguno de ellos se preocupó jamás de garantizarle “la libre expresión” a los trabajadores del Casino, Dana, Subte, Zanón, ferroviarios, Mahle, Jabón Federal o el Hospital Garrahan, por nombrar sólo algunas luchas de los últimos años, o a los que reclaman la aparición con vida de Luciano Arruga o Julio López, todos silenciados o distorsionados por la “prensa libre”.
¿Más voces? ¿Qué voces?
Se sostiene que la ley va a garantizar mayor democracia y acceso a los medios. No es cierto ¿Será que ahora las voces silenciadas de miles de confl ictos obreros y populares, censurados tanto en la multimedia privada como en la televisión pública van a poder difundirse? ¿Es esa la intención del gobierno? No.
Hagamos un test. El gobierno de los Kirchner ya lleva seis años: ¿cuándo hubo un programa para que expusieran los trabajadores del subte o los obreros de Zanón en Canal 7 o en Radio Nacional? ¿Qué espacio o programa gratuito tuvo o tiene la izquierda en “la televisión pública”? ¿Y las asociaciones que luchan contra el tarifazo?
Los burócratas sindicales que apoyan a los Kirchner no necesitan ninguna modificación a la legislación: con la plata que le roban a sus afi liados ya tienen programas en cable, como el del sindicato de camioneros, gastronómicos o del Suterh. ¿Acaso la nueva ley va a permitir que haya un canal donde se expresen las oposiciones sindicales? ¿ O un canal para difundir las propuestas de la izquierda?
La realidad es que van a seguir sin aparecer en el aire, salvo para demonizarlos como “perturbadores que obstaculizan el derecho constitucional al libre tránsito”, como hacen con el confl icto de Terrabusi. Mucho menos se van a dar a conocer las luchas que desde hace años llevan adelante los trabajadores de los medios, como las actuales en el diario Crónica, en Perfi l o las del Sindicato de Televisión.
Más prensa para el gobierno
Es mentira, entonces, que se promueve la nueva ley de medios con el objetivo de “democratizarlos”. Lo que se busca es que el gobierno, debilitado tras su derrota electoral de junio, tenga más poder para meter su política y adornar sus planes de ajuste con doble discurso. Hay que decirlo con claridad: se busca más prensa adicta para el gobierno. Para darle menos espacio a todo aquel que lo critica. Y, en ese marco, obviamente, para seguir silenciando a la izquierda, a los trabajadores y a otros sectores populares que reclaman. Todo atado al proyecto reeleccionista de la familia presidencial. Por supuesto que el proyecto tiene también un segundo objetivo: como sucedió con tantos otros, garantizarle los negocios a sus amigos, sean Telefónica de España, o los empresarios locales Werthein y Eurnekián.
Que los trabajadores, sus delegados y comisiones internas combativas, las organizaciones populares opositoras y la propia izquierda tengan el acceso democrático que les corresponde en los medios gráfi cos y audiovisuales, depende de que se les garantice espacios a todos, sin ninguna injerencia sobre los contenidos de las programaciones. Nada de esto está planteado en la ley votada. Por eso, diferenciándose claramente de la oposición patronal, lo que hubiera hecho un legislador de Izquierda Socialista en el Congreso es votar un proyecto propio, llamando a discutirlo entre los trabajadores, en primer lugar los de los gremios involucrados (televisión, prensa, gráfi cos, artistas, telefónicos y publicidad) y denunciar al proyecto ofi cial como una expresión más, quizás una de las más grandes, del doble discurso kirchnerista.
--------------------------------------------------------------------------------
Con la ley seguirán los negocios de las telefónicas
Cuando las telefónicas obtuvieron a precio de remate Entel, una de las excusas para valuarlas tan bajo era que tenían prohibido hacer transmisión de imagen (léase televisión). Pasaron 17 años, Telefónica y Telecom hicieron superganancias multimillonarias e incluso hubo varios cambios de paquetes accionarios. La realidad es que hoy Telefónica de Argentina sigue siendo de Telefónica de España, y Telecom tiene una propiedad dividida entre Telecom Italia (donde a la vez están los españoles) y el grupo Werthein (uno de los empresarios amigos del gobierno). En las idas y vueltas de estos últimos meses, se habla de la venta de la parte accionaria de Telecom en manos de los italianos a Eurnekián (que a la vez vendría asociado a Slim, el magnate mexicano de medios). Todos estos son los pulpos que tratan de meterse en el nuevo negocio de las telecomunicaciones. ¿En qué consiste? En el cortísimo plazo en el llamado Triple Play: ofrecer por una sola vía cable, teléfono e Internet. Hoy a millones de hogares argentinos “llegan” dos cables: el del teléfono y el del cable. Los dos ofrecen Internet por banda ancha, pero ninguno puede ofrecer los tres servicios juntos. El que lo logre se quedará con el negocio. Pero esto sólo será el comienzo: se viene la televisión digital, que va a permitir articular un sinnúmero de servicios, desde vender programación (pay per view), ofrecer canales de alta definición, hasta realizar transacciones comerciales con el servicio.
Los socialistas no estamos en contra del cambio tecnológico. Al contrario. Pero así como en la época en que sólo existía la prensa gráfi ca exigíamos que se repartiera democráticamente las “cuotas” de papel para el movimiento obrero, única garantía de que pudiera expresarse, de la misma forma nos planteamos hoy la verdadera democratización de los nuevos medios audiovisuales.
No estamos en contra del Triple Play: ¿quién puede oponerse a que una familia trabajadora pague una sola factura que englobe tres servicios que van, vía la convergencia tecnológica, a ser uno sólo? El problema es quién tiene el control del servicio y las tarifas. Y hoy, la realidad es que el cableado nacional pertenece a Telefónica, Telecom y a las empresas privadas de cable, la inmensa mayoría en manos del Grupo Clarín (Cablevisión y Multicanal), Pierri (Telecentro) o del Grupo Vila- Manzano-De Narváez (Supercanal). Por eso no va a estar garantizado ni el real acceso al servicio para los sectores populares -ya que estos monopolios terminarán cobrando tarifas astronómicas- ni la “pluralidad de los contenidos”, ya que estos monstruos son los dueños de canales y programaciones. Como muestra basta un botón. No hace falta que la ley “autorice” a las telefónicas a tener medios audiovisuales: hace años que Telefónica es dueña de Telefé, algo formalmente “prohibido” por la ley de telecomunicaciones. Por si fuera poco, ya se compró también Direct TV para ofrecer el servicio desde el lado Satelital.
Por eso se impone reestatizar las telefónicas. Y además terminar con el dominio del Grupo Clarín y otros multimedios sobre el servicio del cable. Dos medidas básicas que, junto al reparto de los recursos técnicos y las bandas horarias en forma democrática, empezarían a garantizarle a los trabajadores, sus comisiones internas, cuerpos de delegados, organizaciones populares y a la izquierda la posibilidad de hacer oir su voz, hoy absolutamente silenciadas, tanto por la multimedia privada como por los medios “públicos” manejados por el kirchnerismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)