13 de agosto de 2009
El impresionante crecimiento de la bronca y las movilizaciones obligó al gobierno a dar marcha atrás con el tarifazo. Lo hace reponiendo más subsidios a las privatizadas, por los que éstas siguen teniendo garantizadas sus ganancias. Hay que seguir peleando hasta su reestatización
Desde 2008 viene creciendo el movimiento contra los tarifazos
El gobierno de Cristina, de la mano de las privatizadas, quería hacer pasar un nuevo ajuste. En las últimas semanas empezaron a llegar facturas de luz y gas con incrementos escandalosos. Al principio, la respuesta del gobierno fue vergonzosa, apoyando con todo el aumento. La bancada oficialista en el Senado se negó a tratar un proyecto para suspender el aumento de las tarifas de gas, con el argumento que “sólo afecta al 15% de los usuarios” y “el 96% puede pagarlos”. Luego, ante la avalancha de reclamos, el gobierno dijo que “arbitrará las medidas para aquellos casos excepcionales que no puedan pagar”. En otra nota explicamos las degradantes condiciones que exigía el Enargas para acceder a este “beneficio”. Luego, con el escándalo ya lanzado, el gobierno, en la figura del ministro De Vido, empezó a hacer ampulosas declaraciones contra las empresas, asegurando que iban a revisar todas las facturas y que, si encontraban “errores en los cálculos,” las empresas serían sancionadas. En la misma dirección, el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (Enre) no autorizó a seguir distribuyendo boletas con consumos superiores a los 1.000 KW. Finalmente, este miércoles por la mañana el gobierno tuvo que recular totalmente, dando marcha atrás con el tarifazo. Lo hicieron reponiendo subsidios a las privatizadas, o sea que a éstas se les va a seguir garantizando su margen de ganancia.
La realidad es que el gobierno se dio cuenta de que se había metido en terreno pantanoso y no sabía en qué terminaba: crecían los reclamos, las movilizaciones e incluso varios jueces ya habían fallado contra el aumento. ¡Si hasta Moyano, que viene negándose a levantar cuaquier tipo de reclamo contra el gobierno, tuvo que declarar que el tarifazo afectaba al bolsillo de los trabajadores! Todos los días, miles de personas mostraban, facturas en mano, que no era cierto que sólo tocaba a los más ricos. El miércoles pasado, mientras las organizaciones sindicales, barriales, de usuarios y políticas que nos nucleamos en el Movimiento Nacional contra el Tarifazo protestábamos frente al Congreso, varios vecinos mostraban a los medios de comunicación presentes las facturas que les habían llegados. Se destacaba una anciana (foto de tapa) que mostraba una boleta de gas donde al consorcio le habían llegado… ¡7.100 pesos para apenas 25 departamentos! “¿Cómo voy a hacer si cobro la mínima?”, se preguntaba desconsolada.
Somos categóricos: se trató de un gran triunfo popular. Y en la derrota del gobierno tuvo mucho que ver el Movimiento Nacional contra el Tarifazo que citamos más arriba. Porque fue el motor que coordinó, movilizó e impulsó la lucha. Porque ya a principios de año marcó el camino con la “Marcha de las Velas” a Plaza de Mayo. Pero la pelea no puede quedar acá. Tenemos que seguir profundizando la organización y la movilización contra las privatizadas. Porque no debemos olvidar que logramos sacar los aumentos de las facturas, pero el gobierno los reemplazó por subsidios millonarios, que en definitiva los pagará el conjunto del pueblo, mientras les garantiza las superganancias a las empresas. El tarifazo se suspendió, no se derogó. Y sólo entre los meses de junio y septiembre, volviendo el aumento cuando llegue la primavera. Además, aún quedan muchas cuestiones pendientes, como la tarifa social, la garrafa social o la prohibición de cortarle el servicio a aquel que no pueda pagar.
Están dadas las condiciones para avanzar en aquello que será la única y verdadera solución contra los tarifazos y para tener servicios públicos de calidad y para todos: la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizadas, bajo control de sus trabajadores y usuarios. Y la recuperación de los recursos energéticos, reestatizando YPF-Repsol y las demás petroleras y gasíferas. El gobierno ya acusó el golpe. Está demostrado que podemos ganar.
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¡Fuera las privatizadas! Reestatización ya
Las privatizaciones de los 90 que nos trajeron Menem y el FMI, fueron uno de los mayores saqueos, junto al de la deuda externa, cometidos contra el pueblo argentino. Desde allí empezamos a perder el patrimonio nacional. Vinieron los negociados, los subsidios para apuntalar las ganancias de las privatizadas y multinacionales. Mientras los trabajadores sufríamos pésimos servicios, apagones, viajes como ganado en los trenes, saqueo de reservas de recursos naturales y tarifazos.
Se incorporó el concepto de lucro, versus el de beneficio social. Las empresas estatales debían dar ganancias, dejando de ser una inversión social para millones.
El objetivo de las privatizadas, a lo largo de todos estos años, fue maximizar sus ganancias. Se trató de lo peor del capitalismo: monopolios extranjeros que saquearon nuestras riquezas, contando con la complicidad de los gobiernos y el aval del Estado, que decía controlarlos. El caso más paradigmático fue YPF: mientras extraía petróleo y gas a cuatro manos, sin hacer ningún tipo de tarea de exploración y generando la caída de las reservas (ver nota), exportaba por montos que ella misma anunciaba mediante “declaraciones juradas” propias, que a su vez eran la base, tanto para la exigencia de reingreso al país de divisas (y aún así se le permitía que el 70% permaneciera en el exterior), como para el pago de los impuestos. Una verdadera estafa.
El “experimento” de las privatizadas ya dio su resultado: servicios pésimos, tarifas astronómicas y el riesgo serio de ir al colapso energético en el corto plazo. No va más: tenemos que recuperar nuestros recursos. Pero para esto no sirve una supuesta “argentinización” como plantea cínicamente el gobierno, metiendo en YPF a su testaferro Ezquenazi. Ni tampoco “ir incorporando a Enarsa las concesiones que van cayendo”, como lamentablemente propone Pino Solanas. Tenemos que ir a fondo, urgente, antes de que colapse todo: hay que anular soberanamente las concesiones a Repsol, Edenor, Edesur, Metrogas, y demás privatizadas, por incumplimiento y fraude; echarlas sin pagarles un peso de indemnización, y proceder a la reestatización de todos los servicios, con empresas públicas que, administradas por sus trabajadores y usuarios, formen parte de un programa integral de energía.
De estas empresas, las que brinden servicios públicos tendrán como objetivo la universalización del servicio y su calidad, con tarifas sociales. La garantía serán sus propios trabajadores de planta y los hoy terciarizados, que podrán, por fin, poner sus conocimientos al servicio del usuario y no de la rentabilidad del monopolio de turno. Ellos, junto con las asociaciones de usuarios, son los que, a partir de sus conocimientos, podrán garantizarnos luz y gas para todos.
En la base de la pirámide energética, se trata de volver a tener una YPF estatal, que articule con todo el complejo gasífero y energético en el marco de un plan integral. Ello sólo será posible si recuperamos las inmensas capacidades humanas y técnicas que la vieja YPF preparó por décadas. Hay que reincorporar a todos los “ypefianos” que, con sus estudios y denuncias del saqueo, demostraron tener grandes conocimientos y vocación de defender el patrimonio nacional. Con ellos se podrá volver a construir una YPF donde el eje no sea el lucro, sino el objetivo de tener un abastecimiento energético equilibrado, con tarifas accesibles para todo el pueblo trabajador. Una verdadera empresa energética estatal, que explore, extraiga petróleo y gas, refine, comercialice y también exporte, pero en el marco de un plan que garantice el abastecimiento interno. Una YPF que también retome la tradición de ser factor de desarrollo territorial, con sus pueblos, sus escuelas, sus centros de abastecimiento, sus salarios dignos y sus servicios sociales para todos sus trabajadores, como fue orgullo durante décadas. Ese camino abriría el paso a que se haga lo mismo con el sistema ferroviario, con las empresas telefónicas, y tantas otras que se han rematado en los 90.
No es esta la política ni del gobierno ni de la oposición patronal. Pelea que quedará en manos de los trabajadores, los luchadores y la izquierda. Y de los pueblos latinoamericanos que también están dando luchas ejemplares por la nacionalización del petróleo y el gas.
José Castillo
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¿Y la garrafa social?
Desde la privatización de Gas del Estado en 1992, fueron nulas las inversiones para garantizar la universalización de la red. 14 millones de personas no tienen gas en Argentina. Es la totalidad de la población del Noreste del país, donde nunca llegó el tendido de gas natural. También hay provincias como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja o Entre Ríos, donde la población sin acceso a red de gas supera el 70%. En la misma provincia de Buenos Aires, el 21,6% no tiene acceso a la red. Toda esa gente, los más pobres del país, tienen que recurrir a las garrafas. El metro cúbico de gas en garrafa cuesta $1,20, el doble de los 60 centavos del gas natural. Según la Secretaría de Energía, la garrafa de 10 kilos se debe vender a 16 pesos (pero se consigue en promedio a 20 e incluso, en algunos lugares, a 25). Y son miles las denuncias que dicen que las “garrafas sociales” vienen cargadas con la mitad -o menos- de gas de lo que deberían, constituyendo una verdadera estafa de la cual el gobierno es responsable.
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Para no pagar: ¡Hay que ser indigente!
El gobierno nos dice que aquellos que demuestren que no pueden pagar el aumento serán eximidos. Veamos los requisitos que exige el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para ser exceptuados: la persona deberá estar recibiendo algún subsidio por desempleo o plan social, o tener un certificado de discapacidad. Pero además no podrá tener más de uno de los siguientes servicios: televisión por cable, conexión a Internet, teléfono fijo o celular (entre todo el grupo familiar). El domicilio del suministro deberá ser vivienda única y entre todos los habitantes no podrá haber más de una persona que perciba ingresos. Quien solicite la exención deberá hacerlo además por intermedio de una declaración jurada.
¡Es increíble! ¡Una familia con varios hijos dependiendo de un plan social y con una abuela con la jubilación mínima ya se queda afuera! ¡Una familia con teléfono fijo y un celular con tarjeta también! Y todo esto no es para solicitar no pagar el servicio, sino sólo para que no le cobren el último aumento (del decreto 2067/8). Una vergüenza
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¡Basta de saqueo!
En los últimos cuatro años, la Argentina perdió el 50% del stock comprobado de sus reservas de gas y el 16% de las de petróleo. En 1999 había un 25% más de petróleo y el doble de gas que en la actualidad. Hace 20 años, las reservas de petróleo alcanzaban para 14 años, hoy apenas llegan a 10. En el caso del gas, el horizonte era de 32 años, pero con el saqueo actual, en 8 años nos quedaremos sin este recurso.
Luego de la crisis de 2001, la exploración se redujo casi al mínimo. El año pasado, por ejemplo, la cantidad de petróleo extraída duplicó al repuesto por las reservas. El último gran descubrimiento de petróleo fue El Trapial, en Neuquén, realizado por la entonces estatal YPF. Para el gas, tenemos que retroceder a 1978, cuando también la empresa estatal descubrió Loma de la Lata.
Antes había un esquema donde la YPF estatal exploraba y extraía y Gas del Estado lo canalizaba. Luego de la privatización, en 1992, el sistema quedó totalmente descoordinado. En la práctica, cuando Repsol se hizo cargo de YPF en 1999, decidió hacer dinero rápido con las reservas de petróleo y gas natural. Así, desde los primeros años, la extracción superó fuertemente a cualquier política de exploración. Toda la infraestructura gasífera construida en estos años apuntó a facilitar la exportación.
Actualmente estamos importando gas. Pero esto también es negocio para YPF Repsol, uno de los “vendedores” tanto vía Bolivia como a través de los barcos de metano que llegan desde Trinidad y Tobago. Pronto llegará la época en que también tendremos que gastar nuestras divisas en traer petróleo del extranjero: seguramente ahí también estará anotada Repsol, que ya empieza a mirar cómo puede “salir” del negocio argentino una vez que termine de secar los pozos.
El gobierno, mientras tanto, le sigue facilitando los negocios. Hace poco, con el verso de la “argentinización”, metió como socio a Ezkenazi, dueño del Grupo Petersen, de tan estrechos vínculos con la pareja presidencial, que se dice es su testaferro. Pero la política de la empresa sigue siendo la misma: exportar, no reingresar los dólares al país y aprovecharse incluso de las necesidades de importación energética para hacer nuevos negocios. Un saqueo en toda la línea.
Se impone recuperar ya, nuestros recursos no renovables. Dentro de pocos años será tarde. Todavía estamos a tiempo si expropiamos a Repsol y demás pulpos del complejo petrolero-gasífero y ponemos en marcha una YPF estatal, controlada por sus propios trabajadores.
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