26 de agosto de 2009
El desempleo aumentó por primera vez desde el 2002. Los números de la pobreza, escondidos por la intervención del Indec, son escandalosamente altos. Se impone un programa de emergencia para enfrentarlos
La propia intervención del Indec tuvo que reconocerlo: la desocupación oficial subió al 8,8%, la más alta desde el 2006. Y todo esto antes de contar a aquellos que cobran planes sociales, la mayoría de los cuales son increíblemente computados como “ocupados”: si los sumamos, la tasa de desempleo alcanza ya el 9%. Según los propios datos del Instituto, la suma de desocupados y subocupados es del 19,4%, un total de 2.192.000 trabajadores. Quiere decir que una persona de cada cinco tiene serios problemas para insertarse en el mercado de trabajo.
Si salimos de los datos “retocados” del Indec, la mayoría de los especialistas señalan números peores aún: Ernesto Kritz, de la consultora SEL, sostiene que la actual medición del desempleo da 10,5%. Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina la tasa es del 11,8%. Los economistas de la CTA advierten que, con la tasa actual, el 20% más pobre -que tradicionalmente triplica la tasa media de desempleo- debe estar en una desocupación cercana al 25%. Todos estos números le estallaron en la cara a la presidente, que unos días antes de las elecciones hacía campaña diciendo: “frente a la crisis más grande, no aumentamos la desocupación”. ¿Qué dirá ahora?
También se discutió mucho en estos días sobre la pobreza: para el Indec es del 15,3%. Es un número tan ridículo que ni el propio ex presidente Kirchner se anima a repetirlo: reconoció en un discurso que “está en el 22%”. Pero todos sabemos que es peor aún: los números oscilan entre el 30,8% (Consultora Equis) y el 40% (Barómetro de la Deuda Social de la Iglesia Católica). La CTA denuncia 33,5% de pobreza -13 millones de personas- y 15,2% de indigencia -6 millones-. Encima, la principal “propuesta” del gobierno es… cambiar la medición del índice de pobreza, obviamente para que “dé menos”, escondiendo una realidad que se desborda por todos los costados.
La pobreza tiene dos orígenes: los bajos salarios y el desempleo. Y sólo es posible eliminarla de raíz. Por eso desde hace años venimos insistiendo que el primer paso es dejar de pagar de una vez la ilegal, inmoral e ilegítima deuda externa y utilizar esos fondos para un gran plan de obras públicas, que resuelva en el corto plazo el flagelo del desempleo. Y que mientras exista desocupación se le debe garantizar un subsidio universal a todos los que no tienen un trabajo genuino, generalizando y aumentando los actuales planes sociales, congelados desde el 2002 en los vergonzosos 150 pesos.
Además, hay que terminar con la superexplotación, el trabajo en negro y los sueldos de hambre, la otra causal de los actuales índices de pobreza. Y son los empresarios, que se han aprovechado en estos años obteniendo superganancias, quienes deben pagar y garantizar ingresos dignos para toda la clase trabajadora. Por eso hay que evitar que las empresas usen como excusa la crisis mundial para aumentar el número de desempleados, poniendo en práctica el proyecto de nuestra diputada Liliana Olivero, que plantea prohíbir por ley las suspensiones y despidos, y expropiar toda fábrica que cierre, despida o suspenda, poniéndola a funcionar bajo el control de sus trabajadores. Y para terminar con los salarios de pobreza, hay que otorgar aumentos de emergencia hasta alcanzar el valor de la canasta familiar, e irlos actualizando mensualmente, de acuerdo al aumento real del costo de vida. De esta forma, sí se empezarían a dar pasos reales para combatir la desocupación, la pobreza y la marginación.
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Asignación universal por hijo: ¿Sirve para eliminar la pobreza?
Lo dijo la propia presidenta de la Nación: hay 2.860.713 menores de 18 años que no reciben ningún tipo de cobertura, ni vía el salario familiar que cobran los trabajadores en blanco con hijos, ni por medio de ningún plan social. Se discute otorgarles a sus padres un monto que oscilará entre 135 y 150 pesos por hijo. ¿Quién puede estar en contra de pagarle a todo trabajador, ocupado o desocupado, en blanco o en negro, un dinero por cada hijo? La verdadera pregunta sería por qué no se lo hizo. O si, efectivamente, un monto tan pequeño alcanza para cubrir los costos de educación, salud, alimentación y vestimenta de ese niño. O, yendo más a fondo, porqué se congeló en 150 pesos desde el 2002 los planes Jefes y Jefas de Hogar. O porqué el Ministerio de Trabajo hace la vista gorda ante un empleo en negro que supera el 40% de la clase trabajadora, que no obtiene obviamente ningún salario familiar. Con todos estos interrogantes, cabe la duda de si no nos encontramos ante una nueva cortina de humo del gobierno nacional, como tantos anuncios “espectaculares” que luego quedaron en nada.
Pero quien ha venido haciendo desde hace años centro en el ingreso universal es la CTA. Los dirigentes de esa central, como De Genaro, y sus diputados, como Claudio Lozano, insisten en que se trata de la panacea que eliminará definitivamente la pobreza. Más aún, muchas veces, incluso han opuesto la demanda de ingreso universal a cualquier reclamo de aumento salarial, insistiendo en que lo que hoy importa no son los sueldos sino los “ingresos” que la población recibe por diversas vías.
Lozano, en innumerables reportajes que salieron publicados en estos días, se ha enfrascado en discusiones técnicas sobre cómo reasignar partidas presupuestarias para hacerlo posible. Y acá está el primer problema: en ningún momento se plantea la medida más sencilla para hacer posible la asignación universal por hijo: dejar de pagar la deuda externa.
Por otra parte, no basta con propagandizar la justicia de este ingreso universal. De lo que se trata es de aquello a lo que se ha negado sistemáticamente la CTA: llevar adelante un verdadero plan de lucha para lograrlo. Nosotros no somos sectarios: hemos participado críticamente de los paros y movilizaciones de la Central. Fuimos con nuestros planteos a la Constituyente Social. Pero siempre señalamos el límite de no darle continuidad a la pelea, y desgastarla en paros o movilizaciones aisladas.
Pero además, el planteo tiene otro límite: y es discutir acerca de los verdaderos alcances de este “ingreso universal por hijo”. Porque la CTA dice que con eso se termina la pobreza. Que si se diera 300 pesos por hijo llegaríamos a un bicentenario sin pobreza. Y eso es rotundamente falso. Primero matemáticamente: eso no garantiza la salida de la pobreza de nadie. Para salir de la pobreza hoy una familia tipo necesita 4.000 pesos, y eso no lo cubre ninguna “asignación universal por hijo”. Por eso no van las “medias tintas” de la CTA. Para que no haya hambre en el país hay que tomar medidas de fondo y eso no se puede hacer conviviendo con Repsol, con las privatizadas o el FMI. Un verdadero programa de lucha contra la pobreza exige dejar de pagar la deuda, y poner, de verdad, todo ese dinero a resolver las urgentes necesidades de nuestro pueblo: trabajo, salario digno, salud, educación y vivienda.
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Kirchner cobra $24.000 de jubilación
En un acto en la localidad bonaerense de Ezpeleta, la presidenta Cristina Kirchner realizó un pedido a los que más tienen para que “contribuyan con una partecita”, sin “que abandonen sus lujos, sus casas, sus mansiones o su aviones”.
Esta versión de la distribución, además de falsa -porque supone pensar que todo se resuelve con la “buena voluntad” de quienes más tienen- es por demás hipócrita viniendo de la presidenta. A la suntuosa declaración jurada del matrimonio que se compone de 28 bienes inmuebles, cuatro empresas, depósitos bancarios y dólares en efectivo -y que dudosamente creció, sólo en 2008, un 158%-, ahora se suma el dato de que Néstor Kirchner cobra una jubilación de ¡24 mil pesos mensuales! Lo mismo vale para algunos de los miembros del gabinete, como el ministro de Economía, Amado Boudou, o la ministra de Producción, Débora Giorgi, quien entre sus bienes cuenta con un yate valuado en medio millón de pesos. Esto sí que es distribuir… entre uno y sus amigos.
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