2 de setiembre de 2009
El gobierno elevó al Congreso el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La oposición patronal y los grandes medios, encabezados por Clarín, sostiene que viola la “libertad de expresión”. Pero, más que un espacio para “democratizar” los medios, lo que se viene es un nuevo negocio para las telefónicas
¿Quién podría oponerse a la derogación de una ley de la dictadura? Más bien, cabría preguntarse cómo todavía sigue vigente la 22.285/80, que pone la radiodifusión bajo la órbita de la “Doctrina de la Seguridad Nacional. Pero, en realidad, lo peor no es esta cavernícola legislación, sino las “modificaciones” que le hicieron los sucesivos gobiernos en los años de democracia. El hecho que hoy haya una hiperconcentración mediática, es producto de las modificaciones de otro gobierno peronista. Menem autorizó a los dueños de medios gráficos a ingresar al mercado audiovisual -así se formó el conglomerado Clarín- Canal 13-TN-Radio Mitre- y luego aumentó el número de licencias en manos de una misma empresa de cuatro -que era lo que decía la ley original- a 24. Pero también es producto de medidas del propio gobierno de Kirchner, cuando prorrogó por 10 años las licencias a Clarín, Hadad y De Narváez, o, más escandaloso aún, cuando permitió la fusión de Cablevisión y Multicanal, creando un monopolio virtual sobre el mercado de la televisión por cable.
Ni “progresista”, ni “contra los monopolios”
El proyecto de ley está precedido por un extenso considerando que recoge muchísimos de los planteos usuales que se esgrimen en la lucha contra los multimedios. Así habla del “derecho a investigar, buscar, recibir y difundir información, opiniones e ideas, sin censura previa, por radio y TV”.
Pero cuando pasamos a los artículos del proyecto empiezan los problemas. ¿Sirve efectivamente para liquidar la hiperconcentración? Es verdad que se reduce la cantidad de licencias permitidas por titular, de 24 a 10. También se prohíbe tener a la vez un canal de aire y uno de cable. Pero se establece, en el artículo 38, “la posibilidad de que un único prestador controle hasta el 35% del total nacional de habitantes o de abonados a alguno de los servicios reglamentados”. Conclusión: parece una legislación a medida contra el “monopolio” Clarín, a favor de algunos nuevos (o viejos) oligopolios que se van a repartir entre dos o tres el mercado.
Se propagandiza desde el oficialismo como uno de los puntos más “progresistas” del proyecto la división del espacio de los medios audiovisuales en tercios: 33% para el Estado, 33% para el sector privado y 33% para “entidades sin fines de lucro”. Empecemos por este último tercio: es mentira que así se garantizará el acceso a los medios a las organizaciones obreras y populares. “Entidades sin fines de lucro” pueden ser la Iglesia Católica, la Fundación Techint o la propia Fundación Noble, abriendo entonces el camino a que este 33% sea apropiado por los pulpos y reaccionarios de siempre, a través de sus fundaciones, muchas de ellas creadas para lavar dinero. El gobierno insiste: “pero esto permitiría que se le otorgue un canal a las organizaciones sindicales”. Permítasenos preguntar: ¿a quién? ¿A los trabajadores del subte? ¿A las comisiones internas o cuerpos de delegados combativos? ¿Podemos esperar eso de un gobierno que ni siquiera le reconoce la personería gremial a la CTA? También dudamos del grado de “pluralidad y diversidad de voces” que se habilitará en el 33% que le quedará al Estado. Los ejemplos están a la vista: las luchas obreras y populares, silenciadas ciertamente en la multimedia privada, tampoco tienen acceso a la “televisión pública”. ¿De cuántos conflictos se hace eco Canal 7 o Radio Nacional?
De Clarín a las telefónicas
Muchos personajes del ambiente “progresista”, no pudiendo negar estas realidades de la ley, insisten en que, si bien no es “la mejor ley”, en definitiva es la posible, ya que desmonopoliza algo, elimina la ley de la dictadura, etcétera. ¿Se trata efectivamente de una ley progresista, a la que habría que apoyar haciéndole “críticas puntuales”? Esta es la posición que van asumiendo los referentes de la centroizquierda, como Macaluse, Lozano o el propio Pino Solanas. Creemos que es un grave error: la matriz de este proyecto de ley es permitir el acceso a los nuevos negocios de la multimedia a las telefónicas. Cuando se apoderaron a precio vil de ENTEL, en aquellos contratos de privatización estaba expresamente prohibido que estas empresas ingresen en el negocio de la radio y la televisión. Ahora se los autoriza, abriéndoles el camino a negocios multimillonarios.
Entendemos la enorme importancia de dar la pelea por abolir la Ley de Radiodifusión de la dictadura y sus posteriores reformas, y por un nuevo marco que garantice el derecho a la comunicación a la clase trabajadora y al conjunto de los sectores populares, terminando con la hiperconcentración mediática. Pero el proyecto no cumple con ninguno de los objetivos planteados: ni revierte el proceso de monopolización, ni garantiza la “pluralidad de voces” al interior del sistema de medios. Es que en realidad, hoy, más que un intento por acabar con estos grandes grupos, lo que pretende el gobierno es reducir el poder de los multimedios hostiles a su política. Es necesario, entonces, luchar por un nuevo marco donde los medios de comunicación dejen de ser herramientas de dominación económica, política y cultural, para ponerse al servicio y bajo control de quienes los sostienen y utilizan diariamente: los trabajadores y el pueblo.
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La “libertad de expresión”
La oposición patronal, y en especial el multimedio Clarín, vienen sosteniendo que el nuevo proyecto viola “la libertad de expresión”. Cristina en su discurso sostuvo que “libertad de expresión no es libertad de extorsión”, acusando a los medios opositores. La realidad es que ni uno ni otros garantizan “la libertad de expresión”. En nuestro país miles de trabajadores luchan, denuncian injusticias, y no salen en ningún medio, ni oficialista ni opositor.
Los socialistas sostenemos que la libertad de expresión es una demanda democrática legítima, aunque, como tantas otras, el capitalismo y sus gobiernos patronales la han transformado en una mera formalidad. “Se supone” que cada uno es libre de expresar sus ideas. Sin embargo, serán los grandes grupos empresariales, o a lo sumo el gobierno patronal de turno, quienes decidan qué, cuándo y cómo se publica, de acuerdo a sus propios intereses. La verdadera libertad de expresión sólo existirá cuando se reparta democráticamente el espacio en los medios gráficos y audiovisuales, permitiéndosele tener acceso a expresarse a todos, con los fondos suficientes para papel e imprentas provistos por el Estado, empezando por las organizaciones políticas y sindicales de la clase trabajadora, y en especial a la izquierda, hoy virtualmente silenciada.
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Nuevos negocios para las telefónicas
La nueva ley autorizará a las telefónicas a entrar en un negocio en expansión y transformación. El primer capítulo será el “Triple Play” -la posibilidad de ofrecer, en forma conjunta, servicio telefónico, Internet y televisión por cable- . Es algo que ya, ilegalmente, empezó a ofrecer Telefónica con Telefé/ Telecentro. De aprobarse la ley, se abre una facturación multimillonaria. Pero esto es sólo el primer paso: se viene la televisión digital con todos sus servicios asociados (alta definición, pay per view -elegir un programa y pagar para verlo en el momento-) y otros conexos (como servicios de cámaras de seguridad, comercialización por la web, entre otros).
¿Será un negocio “exclusivo” de Telefónica de España, o tendrá que compartirlo con los empresarios amigos del gobierno, como Werthein o, tal vez, Eurnekián? Es algo que hoy no podemos saber. Pero lo que sí es seguro es que no será para beneficio del pueblo ni, mucho menos, de los trabajadores de las telefónicas, hoy bajo la amenaza de la liquidación de su convenio, y el aumento de la superexplotación, mediante la “fusión” de varias especialidades en una, o la movilidad horaria y geográfica.
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Los burócratas sindicales a favor: ¿Qué trabajador fue consultado?
No sólo los popes de la CGT y la CTA acompañaron a Cristina en el lanzamiento del proyecto de ley. También recibió el apoyo de las conducciones de los gremios de trabajadores directamente involucrados. Tal es el caso de Foetra (telefónicos), Utpba (prensa), Satsaid (televisión), o Sup (publicidad). Sin embargo, la nueva ley no da un sólo paso en el camino de resolver la precariedad, superexplotación y persecución gremial a que se está sometido en estas actividades. Es más, en el nuevo órgano ejecutivo, el futuro Comfer, no hay un sólo lugar, ni siquiera nominal, para los representantes de los trabajadores. No resulta raro, entonces, que en ninguno de estos sindicatos se haya registrado ninguna asamblea o debate para fijar posición, previo al apoyo de sus burócratas al proyecto oficialista.
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