viernes, 21 de enero de 2011

¡Basta de cortes de luz!

La salida es la reestatización

Lo de siempre, repetido y aumentado desde la privatización. Cuando el termómetro sube un par de grados, empiezan los apagones. Los memoriosos recordarán el apagón récord de febrero de 1999, donde algunos vecinos llegaron a estar 15 días sin luz. Ahora estuvimos cerca: hubo zonas de la Ciudad de Buenos Aires que llegaron a 7 días sin suministro eléctrico. Otras, donde la luz “volvía” para al rato cortarse nuevamente y así durante días y días. Así pasamos las fiestas de fin de año.

Los motivos de este desastre también son archiconocidos: inversiones que no se cumplen, empresas que priorizan sus superganancias y ni siquiera se preocupan por acelerar el restablecimiento del servicio cuando hay una emergencia. Esta vez la indignación popular fue tan grande que el gobierno tuvo que salir a decir que “iba a investigar” y, “de ser necesario”, rescindir el contrato a Edesur, la responsable de los apagones.

Lo que siguió fue la comedia del ridículo. En cuanto “sonó el rumor” de que se le podía quitar la concesión a Edesur, aparecieron haciendo cola los “empresarios amigos del gobierno”: Cristóbal López, Electroingeniería y Eduardo Eurnekián se “anotaron” olfateando un nuevo negociado a su favor.

En medio de todo esto hizo sonar su voz el burócrata mayor de Luz y Fuerza, Oscar Lescano: “Yo no estoy de acuerdo con una estatización (de Edesur). La estatización va a traer desbordes de todo tipo, va a haber problemas, no me gusta. Me gusta que sean privados” (Clarín 5/04), para enseguida cubrirse ante una eventual rescisión del contrato y agregar: “me gustaría que sean empresarios argentinos, no extranjeros.”

Al final prevaleció seguir garantizándoles el negocio a los pulpos de siempre. Todo terminó con una declaración del ministerio de Planificación, anunciando que se le daría “otra oportunidad” a las privatizadas eléctricas. ¡Más caraduras imposible! Lo dijimos una y mil veces: hay que terminar con este escándalo reestatizando a todas las empresas de servicio eléctrico, poniéndolas a funcionar bajo control de sus trabajadores y usuarios. Sólo así se garantizará un derecho tan elemental como tener luz eléctrica en el siglo XXI.

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