14 de octubre de 2009
Con los votos de los senadores de Bussi, Saadi y amigos de los sospechados de asesinato en Corrientes, se aprobó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. Clarín es claramente el gran derrotado. ¿Ganó realmente “el pueblo”, como se proclama desde el oficialismo?
La aprobación en Senadores fue holgada: 44 a 24. Sin embargo, el “operativo” puesto en marcha por el gobierno para hacerse de los votos necesarios nos hizo recordar a los peores momentos de la “Banelco” en la época de De La Rúa. La senadora correntina María Dora Sánchez, que había dicho públicamente que la ley era un “mamarracho”, sorpresivamente terminó votando a favor. ¿El motivo? Que el gobierno “les cubriera” el turbio asesinato que acompañó las elecciones correntinas. Mientras tanto, el bussista Carlos Salazar votaba a favor “a cambio” de que se le concediera prisión domiciliaria al genocida tucumano. Ramón Saadi se daba el gusto de “reivindicarse”, acusando a los medios porque investigaron el crimen de María Soledad Morales a mediados de los noventa. La centroizquierda, en la figura del santafesino Rubén Giustiniani, terminó avalando con su voto esa asquerosa “tienda de los milagros”.
Afuera, en la Plaza de los Dos Congresos, festejaban, junto a Yasky de la CTA, D´Elía, Hebe de Bonafini, Martín Sabatella y el PC, figuras tan “progresistas” como los intendentes de José C. Paz, Mario Ishii, Berazategui, Juan José Mussi, Ezeiza, Alejandro Granados y Lanús, Darío Díaz Pérez.
¿Cómo sigue?
Comprendemos que, en franjas de sectores populares influenciados por la propaganda oficialista, se hayan abierto expectativas acerca de una mayor “pluralidad de voces” en los medios de acá en más. Les decimos fraternalmente que se equivocan. No escucharán ni verán “más” voces opositoras, sino menos. Y, por sobre todo, muchísimas menos de aquellos que apoyan a las luchas de los trabajadores. La izquierda seguirá virtualmente censurada.
La ley no impedirá la entrada de las telefónicas en el negocio de los medios. Tampoco terminará sucediendo que el tan mentado 33% para “organizaciones sin fines de lucro” sea la puerta de entrada a los medios alternativos, populares o comunitarios de los que luchan. Sin financiamiento y con la redacción ambigua en que quedó ese punto, está todo dado para que por ahí “cuelen” las fundaciones de empresas, iglesias o, a lo sumo, medios rabiosamente oficialistas bancados por algún funcionario del gobierno.
No queremos ser aguafiestas ni somos magos para leer el futuro. Nos basamos en el propio texto de la ley, pero también en la experiencia de lo que es la cobertura actual de Canal 7 y Radio Nacional, medios “públicos” aún antes de la sanción de la ley. ¿Cómo se cubren las protestas populares? ¿Sirven como “contrapeso” al discurso de los grandes medios y sus pedidos de “liberar las calles” y reprimir? En absoluto. Directamente los silencian. Como la represión de Terrabusi, que no mereció una línea en directo por Canal 7. Si hasta Pablo Alabarces, docente de la Carrera de Comunicación de la UBA y favorable a la ley, terminó reconociendo: “La protesta -el conflicto- es el medio con que los débiles pueden tomar la palabra. La ley de medios será democrática, entonces, sólo si permite extender esta noción, si se vuelve un instrumento radical de circulación de las palabras más agudas y contrastantes, de las voces de los menos poderosos. Si se limita a garantizarle un lugar a una FM de Daer, me quedo con TN”. Lamentablemente, le decimos a Alabarces y a todos los que guardan expectativas en esta ley, que lo único que va “a circular” son “voces” del kirchnerismo, silenciando más aún el ya escaso lugar que tenemos los trabajadores, los sectores populares y la izquierda
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