La mafia de los medicamentos

16 de setiembre


La complicidad de los Kirchner

Las denuncias van desde vínculos con los narcotrafi cantes mexicanos de efedrina, asesinatos realizados por sicarios, falsifi caciones de recetas, desfalcos multimillonarios al Estado, hasta adulteración de medicamentos oncológicos, hemofílicos y de HIV que han matado pacientes. Sus protagonistas, empresarios, funcionarios y burócratas sindicales, aparecen vinculados al fi nanciamiento de las campañas de los Kirchner.


La venta de medicamentos adulterados en nuestro país ya mueve 1100 millones de pesos por año (el 10% de los remedios que se venden en el país, según datos del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos). En el circuito clandestino de los medicamentos se encuentran 33.000 unidades para enfermos de cáncer, hemofílicos y de HIV. Se trata de un negocio creciente: los medicamentos falsificados eran el 1% del total en 2000, pasando al 3% en 2004, 7% en 2006 y 10% en 2009. Actualmente hay 500 investigaciones judiciales en curso. Mientras tanto, las autoridades del ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que debería encargarse del control) minimiza la cuestión, afi rmando que la adulteración es de sólo el 0,9%.



Cómo se hace la falsifi cación



La maniobra se hace con remedios caros (de 15.000 a 20.000 pesos la caja), que usualmente son los administrados a pacientes oncológicos, hemofílicos o de HIV. Droguerías, muchas de ellas sin habilitación, “adquieren” partidas por diversos métodos: a veces se trata de partidas gratuitas pagadas por el Ministerio de Salud, a la que se les borra la etiqueta que prohíbe su comercialización; en otros casos, se trata de medicamentos vencidos a los que se les cambia la fecha; también se compran medicamentos robados a bandas de piratas del asfalto; y fi nalmente, tenemos la situación directamente criminal donde se “rellenan” frascos ya utilizados para venderlos como si contuviera la droga.



Esta mafi a de las droguerías era la que estaba involucrada en negociados anteriores, como el contrabando de efedrina a los carteles mexicanos de la droga, que salieron a la luz, a mediados de 2008, con el triple crimen de General Rodríguez.



Pero el circuito se completa con la “participación” de los funcionarios públicos y las obras sociales. Alguien debe hacer la “conexión” para que estas droguerías aparezcan como proveedores del Ministerio de Salud y de las obras sociales. Lo que sigue es terrible: se falsifi can recetas, historias clínicas, y se factura al Estado por medicamentos nunca entregados. Así, se pudo comprobar que, sólo en el año 2005, en varias obras sociales sindicales (principalmente Bancarios, pero también Comercio y UPCN) se produjo un desfalco por 208 millones de pesos, girados por el Ministerio de Salud a través de la Administración de Programas Especiales (APE). Y, lo más grave y vergonzoso, se administraron medicamentos falsifi cados a pacientes de dolencias graves, causando la muerte de varios y serios deterioros en la salud del resto.



El 30% iba para Cristina



Las cabezas de esta red de corrupción infinita son Néstor Lorenzo -dueño de la droguería San Javier- llamado “el Yabrán de los medicamentos” y las cabezas de esas obras sociales, en particular Paula Aballay, responsable de hecho del Policlínico Bancario y pareja del burócrata mayor de ese gremio, Juan José Zanola. Pero detrás de todo esto está la protección directa de lo más alto del gobierno nacional: los laboratorios involucrados y sus dueños, tal como sucedió el año pasado con los del affaire de la efedrina. Fueron los principales aportantes de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007 con cheques de 100.000 a 1 millón de pesos. El 30% de los fondos del Frente para la Victoria provenía de patronales de los medicamentos. El nexo fue Héctor Capaccioli -recaudador de las campañas de Kirchner-, quien además estuvo a cargo en el propio Ministerio de Salud de programas de prevención de tabaquismo, hipertensión, obesidad y cáncer de mamas, también gran canalizador de fondos hacia las obras sociales sindicales.



Se está jugando con la salud del pueblo argentino. Los ya escasos fondos dedicados a la salud pública son desviados para el enriquecimiento de empresarios y burócratas sindicales corruptos. Los enfermos ni siquiera tienen garantía de la droga que se les está administrando. Y todo apañado por lo más alto del gobierno nacional, que así fi nancia sus campañas políticas. No hay hasta ahora nadie preso y el delito de falsifi cación de medicamentos ni siquiera está previsto en el Código Penal. ¿Esta es la política de salud de un gobierno “nacional y popular”?







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De la dictadura a Kirchner: ¡Fuera Zanola!



Uno de los más involucrados en el escándalo es Juan José Zanola, burócrata sindical atornillado por décadas al sillón de la Asociación Bancaria. Denunciado por miles de negociados, muchos de ellos vinculados a la propia obra social bancaria, zafó siempre gracias a la colaboración de gobiernos y jueces amigos. Esta vez, la droguería involucrada, San Javier, funcionaba dentro del propio Policlínico Bancario.



Zanola llegó al tope del sindicato de mano de la intervención de la dictadura militar en 1982. Desde ahí hasta hoy conservó el cargo de Secretario General, muchas veces en “democráticas” elecciones de lista única.



En los 80, mientras se mostraba con Ubaldini, construía su poder gracias a su amistad con el radical Coti Nosiglia, que le transfería millonadas para su obra social, que, ya entonces, no llegaba a los afi liados bancarios, sino que engordaba los bolsillos de los burócratas. Entre 1988 y 1991 le quedó tiempo para ser también presidente del club Huracán, donde también metió mano, dejando una multimillonaria deuda. En los 90 fue un fervoroso menemista. Ahora, como tantos otros, es uno de los alfi les sindicales del kirchnerismo.



En el último tiempo fue unos de los burócratas sindicales más cercanos a Cristina, que suele llamarlo familiarmente “Juan”. Gran parte de la logística de la campaña presidencial de 2007 y de la campaña legislativa ofi cialista de este año corrió por cuenta del sindicato bancario. Una razón más para echar a Zanola y a toda la burocracia sindical de las organizaciones obreras.